La presidenta Ursula von der Leyen de la Comisión Europea ha instado a los países de la UE y a sus gobiernos regionales a tomar medidas contra las molestias causadas por el lobo cuando sea necesario. Afirma que la legislación actual de la UE ya les permite actuar en este sentido.
Según ella, la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en "un peligro real" para el ganado y posiblemente también para las personas.
Además, la Comisión Europea ha iniciado una nueva investigación sobre una posible modificación del estatus de protección del lobo, “para introducir más flexibilidad donde sea necesario, a la luz de la evolución de esta especie”, informó Bruselas.
Dado que investigaciones previas no aportaron datos concluyentes, la Comisión Europea ha comenzado (a partir de hoy) un nuevo inventario complementario, con un llamado a “comunidades locales, científicos y todas las partes interesadas a presentar datos actualizados sobre la población de lobos y su impacto antes del 22 de septiembre de 2023”.
El regreso del lobo a regiones de la UE donde había estado ausente durante mucho tiempo provoca, según un comunicado de prensa de la UE, conflictos cada vez más frecuentes con las comunidades agrícolas y cinegéticas locales, sobre todo en aquellos lugares donde no se aplican de manera generalizada medidas para evitar ataques al ganado.
Existe una financiación considerable de la UE para estas medidas, como se describe en una carta conjunta del comisario Sinkevičius y el comisario Wojciechowski a todos los ministros de Agricultura y Medio Ambiente de la UE en noviembre de 2021.
La Comisión reconoce que el regreso del lobo a regiones de la UE donde estuvo ausente durante largo tiempo puede provocar conflictos con las comunidades agrícolas y cinegéticas locales, especialmente donde no se implementan ampliamente medidas para prevenir ataques al ganado.
Además, los países de la UE pueden, en virtud de la Directiva de Hábitats, apartarse de las prohibiciones del régimen de protección estricta, por ejemplo para proteger intereses socioeconómicos, según indica la Comisión.