La Comisión Europea quiere actualizar no solo la política agrícola común, sino también la política rural. Recientemente se acordó que las subvenciones agrícolas cambiarán a partir de 2023. El ‘segundo pilar’ asociado para el desarrollo rural (ELFPO) constituye la principal fuente de financiación para la nueva visión a largo plazo.
Los países de la UE primero elaborarán planes estratégicos para sus prioridades nacionales dentro de la PAC. En 2023 comenzará una evaluación de los planes rurales implementados hasta entonces. Con base en eso, se definirá el rumbo a seguir y qué áreas rurales necesitan más financiación.
A finales de este año, la Comisión Europea, en colaboración con el Comité de las Regiones, municipios, provincias y juntas de agua, examinará cómo se pueden cumplir los objetivos de una nueva visión rural. Se planea un observatorio nacional para recopilar y analizar datos.
Las zonas rurales de la UE representan más del 80% del territorio y albergan al 30% de la población, aproximadamente 137 millones de habitantes. En veinte años, deben tener acceso a buenos servicios públicos, ser resilientes, contar con buena infraestructura digital y física y formar una sociedad socialmente inclusiva.
Se defiende que los ciudadanos tengan acceso a buenos servicios públicos y la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones y política local.
La infraestructura digital y física debe garantizar que las áreas rurales y urbanas estén bien conectadas, mediante suficientes carreteras y ferrocarriles, transporte público fiable y frecuente, y la implementación de la red 5G.
Además, la UE quiere que las zonas rurales sean más resistentes a crisis económicas, desastres naturales y las consecuencias del cambio climático. Según Bruselas, las áreas rurales pueden prosperar diversificando su economía regional. Asimismo, la promoción de productos locales y la innovación en el sector agroalimentario deben generar más bienestar.