El ministro de LNV, Piet Adema, comunicó a finales del año pasado al Parlamento que consideraría 2023 como un año de transición, pero Países Bajos ha sido llamado al orden por Bruselas y debe cumplir las normas de la UE.
Se trata de las consecuencias de dos cuestiones ambientales separadas: el nuevo Pacto Verde Europeo y la estrategia alimentaria de la granja a la mesa, combinados con el endurecimiento de la directiva marco para la calidad del agua. Esa nueva política agrícola de la PAC se estableció apenas a finales del año pasado, por lo que los agricultores en Países Bajos han tenido que esperar largo tiempo para saber qué está permitido o no.
Además, Bruselas ya informó el año pasado a Países Bajos que no puede seguir usando la excepción (derogación) para la carga de nitratos (es decir, la contaminación del agua causada por la aplicación de estiércol en praderas). Por ejemplo, a partir de ahora no está permitido fertilizar en los bordes de zanjas y canales.
Países Bajos debe reducir la contaminación por nitratos este mismo año, y no solo a partir del próximo. Esto principalmente indica que la mejora de la calidad del agua debe recibir mayor prioridad en Países Bajos. Según Bruselas, el país ha interpretado las reglas de manera demasiado flexible. Adema habla de un 'error de juicio'.
La designación afecta principalmente a praderas y aguas en las juntas de agua Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland y Brabantse Delta. Con ello, el 42 % de las tierras agrícolas neerlandesas queda designado como área contaminada.
El ministro Adema solicitó a la Comisión de Expertos sobre la Ley de Fertilizantes (CDM) un asesoramiento respecto a esta designación. Opta por la designación a nivel de juntas de agua porque actualmente no es posible delimitar cuerpos de agua a menor escala.