El Comisionado Europeo de Acción Climática, Frans Timmermans, afirma que las nuevas normas de emisiones contra la contaminación del aire apenas tendrán consecuencias para la mayoría de las explotaciones ganaderas.
Dentro de cinco años, los requisitos más estrictos también se aplicarán a las grandes granjas con más de 150 animales. Estas estarán obligadas entonces a utilizar la tecnología más avanzada contra la contaminación del aire.
Timmermans declaró la semana pasada que la nueva regulación solo afecta a las empresas más contaminantes. Según él, son el 10% de las explotaciones ganaderas, el 18% de las granjas porcinas y el 15% de las avícolas, que representan respectivamente el 41%, 80% y 87% de todas las emisiones contaminantes en sus sectores.
La organización agrícola europea Copa-Cogeca ha criticado duramente los planes. Esta agrupación considera que las propuestas no están alineadas con la independencia alimentaria que defienden los políticos de la UE desde el estallido de la guerra en Ucrania.
Según Timmermans, los requisitos más estrictos no son una propuesta que «persiga a los agricultores». “Al contrario. Los agricultores tienen un procedimiento de permisos más sencillo que las grandes empresas y además pueden recibir apoyo financiero de la Política Agrícola Común”, afirmó Timmermans.
Países Bajos ya cumple con la directiva vigente, según políticos de la UE. Fuentes dentro de la UE indican que los Países Bajos están a la vanguardia en establos con bajas emisiones. Se espera que las 2150 granjas porcinas y avícolas que en Países Bajos se verán afectadas por la directiva más estricta experimenten pocos inconvenientes, según se señala.
La nueva directiva establece límites más estrictos para más de 80 sustancias contaminantes. La directiva anterior logró que desde 2004 las emisiones de dióxido de azufre, nitrógeno y partículas en la UE provenientes de grandes instalaciones de combustión disminuyeran en un 77%, 49% y 81%, respectivamente.
Según la Comisión Europea, la propuesta pone en práctica el principio de “el que contamina paga”. Los costes totales adicionales ascienden a varios cientos de millones, pero esos costes palidecen frente a los beneficios para la salud humana: 5.500 millones de euros anuales, afirma la Comisión Europea.