Con ello, los ministros de medio ambiente se desvían considerablemente de la propuesta de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que precisamente quiere más exigencias.
Por ejemplo, los ministros desean que la obligación de construir una planta depuradora no sea aplicable a pueblos pequeños y regiones con menos de 1250 habitantes. El Comisario de Medio Ambiente Virginius Sinkevičius quiere que más áreas sean obligadas a depurar.
Por otro lado, los ministros consideran que no sólo debe tenerse en cuenta el interés natural y ambiental de un agua más limpia, sino también la salud pública. Por ello, se incluye ahora la obligación de que los países de la UE controlen las aguas residuales para detectar la presencia de agentes patógenos, bacterias contagiosas y sustancias químicas peligrosas. Esto implica que otros Comisarios también tendrán voz al respecto.
Además, los ministros quieren que los países que se unieron más recientemente a la UE puedan recibir un aplazamiento de ocho a doce años porque en los últimos años ya han realizado inversiones significativas para implementar la directiva de la UE.
En un plazo de veinte años, los Estados miembros tendrán que garantizar que se aplique la llamada depuración terciaria (eliminación de nitrógeno y fósforo) en grandes instalaciones para más de 150.000 habitantes. Se prevé una excepción cuando las aguas residuales depuradas se reutilicen para riego agrícola, siempre que no existan riesgos para el medio ambiente o la salud.
"El agua es un recurso valioso que cada vez escasea más. Las aguas residuales urbanas pueden tratarse con éxito mediante tecnologías disponibles", afirmó el Comisario de Medio Ambiente Sinkevičius. Según él, esto abre muchas posibilidades para que los agricultores usen de manera segura el agua recuperada para el riego.
La UE indica que anualmente se depuran más de 40.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales, pero solo el 2,4 % de ese volumen recibe un tratamiento posterior que permita su uso en la agricultura. Esta es una de las razones por las que Bruselas quiere endurecer los criterios.