Durante la consulta, varios ministros enfatizaron que la agricultura es esencial para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Según ellos, sería incorrecto que los ministros de finanzas o los jefes de gobierno decidieran sobre la redistribución o reducción del presupuesto agrícola. Sin embargo, en la práctica, el Comisario de Presupuesto Piotr Serafin y la Presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen son quienes principalmente toman esas decisiones.
El Comisario de Agricultura Christoph Hansen no entró en detalles sobre las deliberaciones al finalizar, pero señaló que en la nueva política agrícola europea (a partir de 2027) se debe tener en cuenta un posible nuevo tratado comercial o la adhesión de Ucrania a la UE.
La discusión acontece antes de la propuesta que la Comisión Europea presentará el 16 de julio para el nuevo marco financiero plurianual. Hay inquietud debido a rumores que circulan sobre la posible reasignación de fondos del presupuesto agrícola hacia otras prioridades, como Defensa o digitalización. Se prevé que se fusionen varios fondos y presupuestos actuales, y que cada país reciba un único flujo de dinero sobre el cual pueda decidir por sí mismo.
En tal caso, la segunda pilar de la política agrícola común europea (para el desarrollo rural) podría incorporarse a ese único flujo de subsidios por país. Ese representa aproximadamente una cuarta parte del flujo actual de dinero para la agricultura de la UE.
Recientemente, el excomisario Draghi ha abogado en un informe sobre la economía europea por más apoyo a las empresas, y la presidenta Ursula von der Leyen ha abogado por una cooperación mucho más estrecha en Defensa europea.
En ese contexto, el lobby agrario Copa-Cogeca ha lanzado una petición a gran escala. La organización advierte sobre propuestas “peligrosas” de la Comisión que afectarían la estructura y el monto de las subvenciones agrícolas.
Además, en Luxemburgo los ministros alcanzaron un acuerdo sobre nuevas reglas para la gestión forestal. Esta propuesta estaba inicialmente destinada a fortalecer el uso sostenible del bosque y la conservación de la naturaleza, pero fue considerablemente rebajada a solicitud de varios países.
Según la Comisión Europea, el resultado final está tan diluido que está considerando anular todo el reglamento. Los objetivos ambientales originales y los mecanismos de control fueron en gran parte eliminados, lo que podría ocasionar graves daños ecológicos.
Los ministros de agricultura defendieron sus modificaciones como “simplificaciones necesarias”. Consideran que las prácticas forestales deben ser viables y asequibles para los propietarios de tierras. Especialmente, se consideraron como un obstáculo las cargas administrativas.