Esta petición surge en medio del auge de partidos de extrema derecha antiinmigración en Europa, como se evidenció recientemente con el triunfo electoral del FPÖ austríaco y el apoyo dominante a partidos similares en países como Italia, Francia, Países Bajos y Alemania.
La convocatoria fue redactada por Holanda y Austria y cuenta con el respaldo de países como Francia, Italia, Alemania, República Checa, Dinamarca, Grecia, Finlandia y Croacia.
Los catorce estados miembros de la UE, junto con tres países no pertenecientes a la UE que forman parte del espacio Schengen —Noruega, Suiza y Liechtenstein— han hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que proponga una nueva legislación que acelere el retorno de los migrantes a su país de origen. Su petición será debatida por primera vez de manera informal ("durante el almuerzo") a puerta cerrada esta semana.
Estos países consideran que las reglas actuales ofrecen demasiado margen de interpretación a los jueces, lo que provoca retrasos en el proceso de expulsión. Los firmantes instan a que Bruselas imponga obligaciones claras para la devolución y reduzca el espacio para los recursos legales. Esto sólo será posible si los países de la UE y el Parlamento Europeo están de acuerdo.
La discusión sobre la política de retorno de solicitantes de asilo temporales ha influido durante años en los debates políticos dentro de la UE. Países como Grecia e Italia se ven gravemente afectados por migrantes que llegan a través del mar Mediterráneo. Estos países llevan años reclamando una distribución justa ("reparto") de la acogida de solicitantes de asilo.
Según los defensores, la política de retorno endurecida no sólo podría aliviar la presión sobre estos países, sino también servir como elemento disuasorio para futuros migrantes que intenten llegar ilegalmente a Europa. La nueva coalición de derecha en Holanda declara que quiere desvincularse de las normas de la UE sobre acogida de migrantes.
Según Eurostat, en 2023 se ordenó la salida de la UE a 484.160 ciudadanos no pertenecientes a la UE, de los cuales 91.465 (18,9%) regresaron efectivamente. Una de las constataciones defendidas es que los migrantes rechazados que no son expulsados representan un riesgo de seguridad, algo que está en debate desde 2018, pero que aún no ha sido formalmente adoptado.
Este enfoque más estricto sobre la migración responde a preocupaciones sobre los flujos migratorios y la presión política asociada, especialmente en Alemania, donde el gobierno decidió recientemente implementar controles fronterizos temporales. Otros países como Austria, Hungría y Eslovaquia ya aplican desde hace tiempo controles fronterizos aleatorios, a pesar de los acuerdos de Schengen.
La petición para endurecer las normas se produce a pocas semanas de una cumbre crucial de la UE sobre migración. En ella se discutirán, entre otros, propuestas para gestionar los expedientes migratorios y obligar a los migrantes a colaborar en su proceso de identificación.