Los países europeos Schengen abogan por normas más estrictas con respecto a la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea e insisten en más poderes y procedimientos para devolver a los solicitantes de asilo rechazados. También quieren mejores acuerdos para reintroducir controles aduaneros en las fronteras internas.
Este llamamiento se produce en medio del ascenso de los partidos antiinmigrantes de extrema derecha en Europa, como lo demuestra recientemente la victoria electoral del FPÖ austríaco y el apoyo dominante a partidos similares en países como Italia, Francia, Países Bajos y Alemania.
La convocatoria fue elaborada por Países Bajos y Austria y cuenta con el apoyo de países como Francia, Italia, Alemania, República Checa, Dinamarca, Grecia, Finlandia y Croacia.
Los catorce estados miembros del EU, junto con tres estados no miembros del EU de la zona Schengen (Noruega, Suiza y Liechtenstein) han pedido a la Comisión Europea que proponga una nueva legislación que acelere el regreso de los inmigrantes a sus países de origen. Su solicitud se discutirá informalmente ("durante el almuerzo") a puerta cerrada por primera vez esta semana.
Estos países creen que las normas actuales dejan demasiado margen de interpretación por parte de los jueces, lo que provoca retrasos en el proceso de deportación. Los firmantes insisten en que Bruselas impone obligaciones claras para el retorno y menos margen para la oposición legal. Esto sólo es posible si los países del EU y el Parlamento Europeo están de acuerdo.
La discusión sobre la política de retorno de los solicitantes de asilo temporal lleva años influyendo en las discusiones políticas en el seno del EU. Países como Grecia e Italia se ven gravemente afectados por los inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo. Estos países llevan años pidiendo una distribución justa ("spread") de la acogida de los solicitantes de asilo.
Según sus defensores, una política de retorno más estricta no sólo podría reducir la presión sobre estos países, sino que también serviría como elemento disuasorio para futuros inmigrantes que intenten llegar a Europa ilegalmente. La nueva coalición de derecha en los Países Bajos dice que quiere retirarse de las normas del EU para la acogida de inmigrantes.
Según Eurostat, a 484.160 ciudadanos no pertenecientes al EU se les ordenó abandonar el EU en 2023, de los cuales 91.465 (18,9%) regresaron. Una de las observaciones defendidas es que los migrantes rechazados no retornados representan un riesgo para la seguridad, algo que se ha estado debatiendo desde 2018, pero que aún no se ha adoptado formalmente.
Este enfoque más estricto de la migración está motivado por las preocupaciones sobre los flujos migratorios y la presión política asociada, especialmente en Alemania, donde el gobierno decidió recientemente introducir controles fronterizos temporales. Otros países como Austria, Hungría y Eslovaquia llevan tiempo utilizando controles fronterizos aleatorios, a pesar de los acuerdos de Schengen.
El llamado a endurecer las reglas se produce pocas semanas antes de una cumbre crucial del EU sobre migración. Esto incluirá propuestas para gestionar expedientes migratorios y exigir a los migrantes que cooperen en su proceso de identificación.