La presidencia checa de la Unión Europea considera que deben establecerse lo antes posible reglas más flexibles para la aprobación de nuevas técnicas de organismos genéticamente modificados en la agricultura y horticultura. Otros países de la UE también llevan tiempo presionando en ese sentido.
Según el ministro Zdenek Nekula, la legislación actual no solo afecta a los agricultores, sino que también provoca la salida de brillantes científicos de la UE. El cambio climático, la inseguridad alimentaria y las carencias estacionales hacen necesaria una flexibilización de la reglamentación vigente sobre tecnologías alimentarias y de semillas genéticamente modificadas en la UE, afirmó el ministro Zdenek Nekula el viernes en Praga.
Nekula dijo que las llamadas nuevas técnicas genómicas pueden ayudar a hacer los cultivos más resistentes a la sequía, las heladas, las enfermedades y las plagas. “Necesitamos reglas modernas”, dijo, mientras calificaba las normativas actuales sobre OMG como una “limitación”.
Por su parte, el comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski destacó que su nueva propuesta sobre la edición genética de alimentos se anunciará en el segundo trimestre de 2023. Y que esto solo ocurrirá tras un análisis exhaustivo de los riesgos para la salud humana, el medio ambiente y también teniendo en cuenta los intereses del sector agrícola, añadió.
“Debemos ser cautelosos. No podemos correr riesgos para la salud pública ni para el medio ambiente”, afirmó. “Debemos encontrar un equilibrio”, agregó Wojciechowski, señalando además que la agricultura ecológica debe protegerse frente a las posibles consecuencias de la aprobación de nuevas mutaciones.
La legislación actual establece la obligación de obtener una autorización para la comercialización de todos los alimentos genéticamente modificados, luego de evaluar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Según un estudio reciente de la Comisión Europea, el reglamento vigente no es adecuado para evaluar las nuevas técnicas genómicas.
Los grupos medioambientales temen que una revisión de las normas podría significar una reducción en la evaluación del riesgo o incluso la eliminación del requisito de indicar esa modificación en las etiquetas.