En la reunión mensual de ministros de Agricultura y Alimentación, el ministro Piet Adema le reprochó que mantuvo innecesariamente a los agricultores holandeses en incertidumbre sobre su actividad para el próximo año.
Wojciechowski dijo que el martes (13 de diciembre) discutirá el enfoque holandés en la reunión semanal plenaria de los comisarios de la UE, pero añadió de inmediato que propondrá aprobar el NSP holandés. No mencionó por qué no pudo hacerlo hace varios meses.
De forma velada, Wojciechowski tuvo que reconocer que hay poco que objetar desde el punto de vista del contenido respecto a las normas de implementación holandesas. El martes no estará disponible para los medios para explicar lo que planteará en la reunión de comisarios.
Se sabe que Wojciechowski considera que el número de animales en la agricultura y ganadería de Países Bajos es demasiado alto para la limitada superficie, y que Países Bajos hace muy poco para combatir el daño ambiental que, a su juicio, esto causa.
En una entrevista con Nieuwe Oogst a principios de este año, insinúo la posibilidad de que Países Bajos pudiera usar los argumentos de ‘bienestar animal’ y ‘más espacio en los establos’ para solicitar subsidios de la UE para reducir el censo ganadero. Pero, a pesar de múltiples consultas administrativas sobre el NSP holandés, Países Bajos decidió no incluir la ‘reducción del censo ganadero’ en ninguna forma dentro del NSP.
El ministro Adema tuvo la palabra de inmediato en Bruselas al inicio de las conversaciones y le hizo ver a Wojciechowski que el compromiso holandés está enfocado en cumplir los acuerdos de la PAC, y que no quería que se detuviera en detalles. Países Bajos ya tuvo que decidir que el primer año de la PAC, 2023, sería un “año de transición” porque los agricultores supieron muy tarde cuál sería su situación el próximo año debido a la dilación en Bruselas.
Varios otros ministros de la UE también expresaron su asombro con cortesía y en términos velados sobre la demora de Bruselas con las normas holandesas (sobre las que, a fines de septiembre, ya había consenso tanto en La Haya como en Bruselas).