Esta petición de mayor aplazamiento se produce después de que el mes pasado algunas leyes del Pacto Verde en el ámbito agrícola fueran retiradas y flexibilizadas. La nueva propuesta cuenta con el apoyo de Bulgaria, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, España y Hungría. Aún no se alcanza una mayoría cualificada.
Recientemente, en la reunión del Consejo de Ministros en Luxemburgo, expresaron su preocupación por el avance de la legislación climática. Aseguran que la Comisión Europea aún no ha finalizado el trabajo administrativo necesario. Esto genera dudas sobre la viabilidad de la implementación puntual de las leyes.
En la ‘evaluación comparativa’ anunciada por Bruselas pero aún no realizada, se evaluará el riesgo de deforestación para todos los países importadores de la UE. Sin esta evaluación comparativa, todos los países se clasifican por igual y tendrían que afrontar una burocracia desproporcionada. El tiempo apremia porque el sector empresarial y las administraciones deben poder prepararse con antelación.
El reglamento de la UE establece que la soja, el aceite de palma, el ganado, el café, el cacao, el caucho y la madera (y productos derivados) solo pueden importarse si no están relacionados con la deforestación. El reglamento entró en vigor en junio de 2023 y, 18 meses después, a partir de finales de 2024, se deben aplicar las nuevas normas.
En respuesta a las preocupaciones de los estados miembros, la Comisión Europea ha anunciado que evaluará la situación y continuará el diálogo. Se subraya que el objetivo de un futuro más verde no debe verse socavado, pero al mismo tiempo se debe tener en cuenta la viabilidad práctica y el impacto económico.