Esta semana, los países de la UE hacen un nuevo intento para encontrar un compromiso. Si lo logran, dependerá principalmente de qué argumento prevalezca: las compañías que dicen que esperar más tiempo es perjudicial o los países que consideran que la implementación debe organizarse mejor primero.
Grandes empresas de diversos sectores llaman a los gobiernos de los 27 países de la UE a no retrasar más la entrada en vigor de la ley. Según ellas, los continuos aplazamientos generan principalmente incertidumbre: las empresas no saben a qué atenerse e invierten menos rápidamente en cadenas de producción sostenibles.
Al mismo tiempo, algunos países de la UE se distancian de esta postura. Alemania, tras semanas de silencio, ha expresado su deseo de un retraso de un año y luego una reapertura total de la ley. Esta propuesta es muy similar a una idea previa de Austria e incluso va más allá de lo que ha propuesto la Comisión Europea.
Alemania también solicita reglas más flexibles para empresas que combinan actividades diferentes, como hoteles que también gestionan terrenos forestales. Alemania considera que especialmente las empresas pequeñas y las mixtas estarían excesivamente gravadas si la ley entra en vigor sin ajustes.
Debido a que Alemania ahora apoya el aplazamiento, parece que en el Consejo de la UE hay una mayoría emergente a favor del retraso y de reabrir la ley. Esto aumenta la posibilidad de que los acuerdos actuales no se mantengan. Sin embargo, hay opositores claros: Francia y España han declarado esta semana que no desean flexibilizaciones adicionales.
Según las empresas que se oponen a un nuevo aplazamiento, cada año de demora provoca que productores fuera de Europa se desinteresen. Indican que los socios en países donde se extraen las materias primas pierden interés si la UE cambia continuamente de rumbo.
En las negociaciones, en cambio, se expresan preocupaciones sobre la viabilidad: algunos países temen que las pequeñas empresas se vean atrapadas en la burocracia y que los sistemas europeos no estén aún preparados para procesar toda la información. Esto genera presión para resolver los problemas antes de que la ley entre plenamente en vigor.
Las diferencias de opinión evidencian la gran división entre los países de la UE. Un grupo quiere avanzar y establecer reglas claras para todos, mientras que otro prefiere avanzar sólo cuando la implementación sea más sencilla. Por esta contradicción, los diplomáticos no han logrado cerrar un acuerdo esta semana.