El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado que los Países Bajos están actuando en violación de la ley EU en dos puntos de la ley de pensiones. Los jueces del EU han fallado a favor de la Comisión Europea en una cuestión de larga data en la que el Primer Ministro saliente, Mark Rutte, dijo repetidamente "que Bruselas debería mantenerse alejada de nuestras pensiones".
En dos sentencias, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció recientemente sobre dos condiciones controvertidas que los Países Bajos aplicaron a las transferencias internacionales del valor de las pensiones. Se trata de empleados que han acumulado una pensión en un trabajo holandés y quieren transferir esa cantidad a un fondo de pensiones extranjero cuando cambian a un trabajo en el extranjero.
Una de las condiciones declaradas inválidas es que el fondo de pensiones extranjero no pueda tener opciones de reembolso más amplias que en los Países Bajos. Si el pago se realiza antes de la edad de jubilación, todavía se deberá pagar el impuesto sobre la renta en los Países Bajos. Con esta condición, los Países Bajos hacían prácticamente imposible mudarse y luego pagar (anticipadamente) la pensión acumulada en los Países Bajos.
Los Países Bajos también aplicaron la condición de que el fondo de pensiones extranjero previsto tuviera que asumir la responsabilidad del pago de las obligaciones fiscales holandesas sobre las (futuras) prestaciones de pensión. Prácticamente ningún fondo quiere hacer tal declaración. La reclamación de responsabilidad sirvió como cobro futuro para evitar el uso involuntario de deducciones fiscales para el cálculo de pensiones.
La Comisión Europea consideró que estas dos condiciones eran contrarias al derecho a la libre circulación de trabajadores porque los Países Bajos obstaculizaban así la aceptación de un trabajo en el extranjero. Esto también se aplicaría a los extranjeros que trabajan en los Países Bajos si quisieran regresar a su país de origen después de unos años.
La sentencia de los jueces europeos también significa que estas dos condiciones específicas ya no pueden imponerse con efecto inmediato para una transferencia internacional de pensiones de valor individual. Para los Países Bajos, la lucha contra las consecuencias fiscales del pago anticipado de pensiones en el extranjero sólo puede abordarse si se llega a un acuerdo al respecto en un tratado fiscal con otros países. Pero no existe (¿todavía?) ningún tratado fiscal con varios países.
Una disputa legal importante entre los Países Bajos y la Comisión Europea es el hecho de que Bruselas cree que las reservas de los fondos de pensiones holandeses deberían contarse como parte de los activos fiscales holandeses. Los Países Bajos cuestionan esto y afirman que el dinero de las pensiones es propiedad colectiva de los empleadores y los sindicatos, y no del gobierno. En los otros países del EU, el dinero de las pensiones lo recauda (el gobierno) como "impuestos", mientras que en los Países Bajos es un impuesto objetivo específico ("salario diferido").
El Secretario de Estado de Finanzas, Van Rij, responde que ahora es necesario ajustar algunas disposiciones de la Ley de Pensiones y las regulaciones fiscales. Para combatir este tipo de rutas fiscales, las Autoridades Tributarias controlarán a qué países se realizan dichas transferencias de valor y qué montos involucran.
Aún no está claro cuándo y cómo se hará esto. Queda claro que Bruselas controlará si los Países Bajos adaptan ahora las leyes de pensiones en estos puntos a la legislación europea.