El Parlamento Europeo ha decidido no sólo posponer un año la introducción de la nueva ley contra la deforestación, sino también modificar algunas partes de la misma. Sin embargo, la ley enfrenta retrasos causados por la Comisión Europea, que no pudo desarrollar las técnicas de implementación necesarias a tiempo.
La Comisión Europea indicó recientemente que no podría desarrollar a tiempo los métodos y directrices técnicas necesarios. Esto ha generado preocupación entre varios sectores sobre la viabilidad y la creciente carga administrativa de la ley. Para dar a las empresas más tiempo para prepararse y evitar complejidades innecesarias, el Parlamento Europeo ha acordado ahora un aplazamiento de un año hasta finales de 2025.
La ley tiene como objetivo prohibir la importación de productos procedentes de zonas deforestadas de América del Sur y Asia. La ley exige que las empresas demuestren que sus productos no provienen de áreas recientemente deforestadas. Esto incluye productos como el aceite de palma, la soja, la madera, el cacao y la carne vacuna.
Las empresas importadoras europeas deben proporcionar información detallada sobre el origen de sus productos para cumplir con estrictos requisitos de trazabilidad y transparencia. Esta iniciativa se considera un hito en la lucha contra la deforestación global, que causa importantes daños ecológicos, especialmente en las regiones tropicales.
El Parlamento también ha realizado algunos cambios que los opositores consideran que diluyen la ley original. Las organizaciones ecologistas temen que los ajustes puedan socavar la eficacia de la ley. Al mismo tiempo, hay voces que sostienen que estos cambios son necesarios para garantizar que la ley siga siendo viable para las empresas y productores más pequeños.
Una de las consecuencias de estos cambios es que ahora debe iniciarse una nueva ronda de negociaciones entre el Parlamento Europeo y los ministros del EU. En esta consulta renovada, la (nueva) Comisión Europea y los grupos políticos del Parlamento Europeo pueden volver a estimular el debate sobre las propuestas que presentaron anteriormente (pero rechazaron). Este proceso podría retrasar aún más la implementación de la ley y generar incertidumbre adicional tanto para las empresas como para los responsables políticos.