La Comisión Europea ha concedido miles de millones en pagos al gobierno polaco del nuevo Primer Ministro proeuropeo Donald Tusk. Bruselas quiere apoyar el rumbo pro-EU del nuevo régimen polaco pagando las primas y subsidios previamente retenidos.
La Comisión Europea ha decidido liberar 137 mil millones de euros para Polonia. Estos fondos se habían retenido debido a preocupaciones sobre el estado de derecho y la democracia en el país. La decisión marca una nueva fase en las relaciones entre el EU y Polonia, después de años de tensiones por el Estado de derecho. Polonia es el mayor receptor de financiación del EU.
La decisión de liberar los fondos congelados se produce tras meses de negociaciones y presiones políticas. La Comisión Europea ha expresado repetidamente su preocupación por la situación en Polonia, en particular por las violaciones del Estado de derecho y la independencia del poder judicial. El anterior gobierno polaco del PiS siempre ha negado estas acusaciones y afirma que está actuando dentro de los límites de la ley.
La medida de la Comisión Europea se considera una señal de confianza en el nuevo gobierno polaco del Primer Ministro Donald Tusk. Tusk es conocido como un político proeuropeo y durante su campaña electoral prometió fortalecer los vínculos con el EU. Su gobierno ya ha introducido varias reformas para abordar las preocupaciones de Bruselas.
La decisión de la Comisión Europea es también un reconocimiento del cambio político que ha tenido lugar en Polonia. En las elecciones del año pasado, la dividida oposición polaca formó una lista conjunta de candidatos, encabezada por Tusk. Esta unidad ha ayudado a crear un entorno político más favorable a vínculos más estrechos con el EU.
Si bien el gobierno polaco y las fuerzas proeuropeas han acogido con satisfacción la liberación de los fondos, a algunos críticos les preocupa que la decisión se haya tomado demasiado rápido. Señalan que todavía hay preocupaciones sobre el Estado de derecho y la democracia en Polonia, y que el EU debería haber ejercido más presión para imponer reformas concretas antes de liberar los fondos.