La jurisprudencia holandesa obtiene una puntuación alta en EU; Polonia y Hungría no

El poder judicial de los Países Bajos tiene una alta puntuación en el ámbito de la independencia. Los esfuerzos para mejorar la calidad de la justicia también son sorprendentes. Esto se desprende del segundo informe sobre el estado de derecho de la Comisión Europea (CE).

Esto proporciona más información sobre el estado de derecho dentro de los estados miembros del EU y hace visible lo que va bien y lo que no. Por ejemplo, se anima a los Estados miembros a abordar cuestiones relacionadas con el estado de derecho. El informe analiza los nuevos desarrollos desde septiembre del año pasado, amplía los problemas identificados en el informe anterior y considera el impacto de la pandemia de COVID-19.

Por ejemplo, se prestó atención a la política anticorrupción, los medios de comunicación y el poder judicial. Casi todos los estados miembros europeos están implementando reformas en sus sistemas legales, muestra la encuesta. Sin embargo, existen grandes diferencias de tamaño, forma y progreso.

Los acontecimientos positivos muestran que algunos países EU están dispuestos a abordar los problemas del estado de derecho en casa. Según la Comisión Europea, la influencia de la crisis de la corona es claramente visible y enfatiza la urgencia de modernizar los sistemas legales, por ejemplo a través de la digitalización.

Sin embargo, algunos Estados miembros, como Polonia y Hungría, han seguido aplicando reformas que socavan la independencia del poder judicial. Esto se hace, entre otras cosas, atribuyendo una mayor influencia del poder ejecutivo y legislativo al funcionamiento del poder judicial.

La Comisión Europea observa que el sistema legal holandés todavía se caracteriza por un nivel muy alto de independencia y esfuerzos para promover la calidad de la justicia. El Comité se refiere al cambio en el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo y a la entrada en vigor de la Ley de Experimentos.

Como sucedió el año pasado, el Comité observa que todavía hay margen de mejora en la digitalización dentro del poder judicial, especialmente en la publicación de sentencias y la puesta a disposición de soluciones digitales para iniciar y seguir procedimientos.