El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado a la Comisión Europea a activar el llamado estatuto de bloqueo de la UE. Con ello, se podría proteger a personas y organizaciones europeas contra las consecuencias de las sanciones estadounidenses.
Según varios políticos europeos, las medidas estadounidenses ponen en peligro la independencia de la justicia internacional. Consideran que la UE no puede mantenerse pasiva mientras los fiscales y jueces de la CPI son afectados por restricciones financieras y de visado impuestas por Estados Unidos.
Órdenes de arresto
Las sanciones vinculadas por Washington están relacionadas con investigaciones y órdenes de arresto de la CPI sobre Israel, Palestina y Afganistán. Entre los sancionados se encuentran fiscales, jueces y también un relator especial de la ONU para Palestina.
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Ellos afirman que las medidas estadounidenses perturban gravemente su vida cotidiana. En varios casos, los servicios bancarios, las tarjetas de crédito y los pagos internacionales dejaron de ser utilizables. También se ha vuelto imposible para ellos viajar a los Estados Unidos.
España y Eslovenia
Dentro de la UE crece la presión para actuar conjuntamente contra Washington, pero los comisarios de la UE no quieren (aún) comprometerse en esta cuestión. España está entre los países que insisten abiertamente en la protección del tribunal de la CPI con sede en La Haya. También Eslovenia, Países Bajos y Bélgica son mencionados como países que apoyan medidas o que han impuesto sus propias restricciones.
Al mismo tiempo, la UE sigue dividida sobre pasos adicionales. Una propuesta para sancionar también a dos ministros israelíes a nivel europeo no obtuvo el apoyo unánime de los países de la UE. Varios países dejaron claro que no estaban dispuestos a aceptarla.
Crímenes de guerra
La discusión sobre sanciones se da mientras la CPI continúa con investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre estos, se tramitan procedimientos sobre miembros del gobierno israelí y la situación en los territorios palestinos.
Juristas europeos, parlamentarios y organizaciones de derechos humanos llevan tiempo solicitando a Bruselas que actúe con mayor contundencia. Consideran que la UE pierde credibilidad si apoya políticamente al tribunal pero no ofrece protección concreta contra presiones extranjeras.