En un paso pionero, el gobierno danés ha presentado un plan para la introducción progresiva de un impuesto al CO2 sobre la producción de alimentos. Con esto, Dinamarca se convierte en el primer país del mundo que impone un impuesto específicamente dirigido a la contaminación del aire y del suelo causada por la agricultura.
En Dinamarca se ha estado debatiendo esta medida durante años. Las organizaciones agrícolas danesas se oponen a impuestos demasiado altos y exigen compensaciones. La medida cuenta con un amplio apoyo por parte de varios ministros del gabinete danés y será discutida en el parlamento tras el receso de verano.
El impuesto al CO2, que se introducirá gradualmente a partir de 2030, tiene como objetivo reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola. El plan incluye impuestos específicos, especialmente sobre la carne y los lácteos. Así, el precio de la carne picada y la carne de res aumentará considerablemente, lo que según expertos es necesario para alcanzar las metas ambientales de Dinamarca.
La consulta tripartita, conocida como la “tríada verde”, juega un papel crucial en este proceso. Este grupo está formado por representantes del gobierno danés, organizaciones agrícolas y medioambientales, municipios rurales y organizaciones de consumidores. Juntos han alcanzado un consenso sobre el impuesto al CO2, teniendo también en cuenta las consecuencias económicas para el sector agrícola y la comunidad en general. El resultado de esta consulta es visto como un momento histórico.
Además del impuesto al CO2, Dinamarca introduce un fondo nacional de tierras valorado en aproximadamente mil millones de euros. Este fondo está destinado a comprar áreas agrícolas bajas que serán transformadas en nuevos bosques.
Aunque las medidas propuestas cuentan con un amplio respaldo, también se escuchan voces críticas. Varias organizaciones ecologistas han criticado la lentitud y el alcance limitado de los planes. Algunos señalan que sigue fluyendo demasiado dinero hacia la ganadería intensiva, lo que según ellos contradice los objetivos climáticos.
Las organizaciones agrícolas y los municipios rurales también manifiestan preocupaciones. Temen que los agricultores pequeños enfrenten dificultades económicas y que se pierdan empleos en el sector agrícola. Sin embargo, el gobierno ha prometido que habrá medidas compensatorias para mitigar el impacto económico y apoyar la transición hacia una agricultura sostenible.
Los próximos debates en el parlamento definirán cómo se concretarán exactamente los planes y qué medidas adicionales serán necesarias para garantizar una transición justa y efectiva hacia un sector agrícola sostenible.
