Una organización sin fines de lucro sueca ha presentado una demanda colectiva en nombre de más de 1200 personas contra Telenor en Noruega. Los demandantes alegan que la empresa de telecomunicaciones compartió sus datos con los gobernantes militares en Myanmar.
Según la acusación, se trata de datos telefónicos que fueron entregados a la junta militar tras el golpe de estado de 2021. Los involucrados se volvieron rastreables para las autoridades por esta razón.
Puestos en peligro
Los demandantes afirman que esto los puso en peligro directo. Las autoridades militares supuestamente usaron la información para localizar a presuntos opositores.
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La demanda sostiene que la entrega de estos datos contribuyó a arrestos, detenciones e incluso ejecuciones. De este modo, la empresa de telecomunicaciones se habría implicado indirectamente en graves actos represivos.
Procesos legales
En el caso se mencionan ejemplos concretos. Por ejemplo, un activista afirma que sus datos fueron utilizados en su detención y proceso judicial. También se menciona a un político que fue ejecutado posteriormente, cuyos datos habrían sido compartidos previamente.
Los demandantes exigen una indemnización de aproximadamente 9.000 euros por persona. Consideran que la empresa noruega es responsable por no proteger adecuadamente sus datos.
Sin otra opción
Telenor ya se ha retirado de Myanmar. La empresa cesó sus actividades allí en 2022 tras vender su filial local.
La empresa rechaza las acusaciones. Según Telenor, estaban obligados por ley a proporcionar datos a las autoridades. Además, sostienen que negarse habría implicado grandes riesgos para los empleados locales.
Telenor indica que no tuvo otra opción y que la responsabilidad del uso de los datos recae en las autoridades de Myanmar.