El parlamento francés ha aprobado una Ley Nacional del Clima para hacer que los viajes, la vivienda, la agricultura y la industria sean más limpios y eficientes en energía. Pero según activistas ambientales, esta Ley Climática está muy lejos de ser suficiente para reducir drásticamente las emisiones de CO2.
La ley del presidente Emmanuel Macron afecta prácticamente a toda la economía, incluida la agricultura, así como a edificios históricos y a las industrias aeronáutica y automotriz. Los sectores empresariales tienen dos años para reducir sus emisiones; después de ese plazo se implantará un sistema de multas. Esto también aplica al uso de productos químicos en la agricultura y la ganadería.
Los desacuerdos en el Senado y el Parlamento, así como entre los numerosos grupos de interés agrícolas regionales franceses y las organizaciones medioambientales, han provocado en los últimos meses diversas flexibilizaciones y compromisos. Los críticos acusan a Macron de aprobar leyes climáticas contundentes en la UE, pero ceder ante la resistencia y las críticas en su propio país. El próximo año hay elecciones presidenciales y Macron espera ser reelegido.
Se establecerá una subvención para fomentar la compra de automóviles más limpios y eliminar gradualmente los vehículos más contaminantes. También habrá una ayuda para la renovación de viviendas y otros edificios que desperdician energía, además de una prohibición de vuelos nacionales cortos en rutas que se pueden hacer en tren.
Un panel de 150 ciudadanos convocado por Macron trabajó durante meses en recomendaciones para la ley climática, pero los críticos afirman que el presidente debilitó sus propuestas. La creación de este panel ciudadano fue la respuesta de Macron a las protestas violentas y airadas de los “chalecos amarillos”.
Macron apoyó la semana pasada un plan de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% para 2030 con respecto a los niveles de 1990. Los anuncios franceses se alinean con estos últimos desarrollos a nivel europeo.
A finales de junio, los negociadores lograron un acuerdo provisional sobre la futura reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que debe hacer que el sector sea más verde y sostenible.
La estrategia europea “De la granja a la mesa” tiene como objetivos reducir el uso de pesticidas químicos, combatir la resistencia a los antibióticos, desarrollar la agricultura ecológica, promover el bienestar animal y combatir el desperdicio de alimentos.