La sentencia destaca la necesidad de una protección más avanzada del agua subterránea y confirma la obligatoriedad de cumplir estrictamente las normas ambientales por parte del sector agrícola. Precisamente la semana pasada, la Unión Europea dejó claro que actuará con mayor rigor contra la contaminación por nitratos en el suelo y el agua potable. Bruselas inició la semana pasada procedimientos de infracción contra Irlanda, Flandes y Austria al respecto.
La ley alemana de estiércol fue objeto de un amplio debate durante muchos años, no solo entre grupos de protección de la naturaleza y ambientalistas y organizaciones agrarias, sino también entre partidos políticos y entre el gobierno federal y los dieciséis estados federados alemanes. Debido a ese bloqueo, la lucha contra la contaminación por nitratos se paralizó prácticamente durante décadas. Sólo tras la amenaza de multa millonaria por parte de la Unión Europea comenzó a cambiar la situación.
Ahora el Tribunal Supremo ha decidido que no solo deben mantenerse las actuales "zonas rojas", sino también que las normas sobre estiércol deben fortalecerse para proteger eficazmente la calidad del agua. La coalición centroizquierda alemana ya ha presentado propuestas en este sentido. Pronto, los agricultores deberán medir y registrar su uso de estiércol y evitar en la medida de lo posible que sustancias dañinas lleguen al medio ambiente.
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El ministro de Agricultura BMEL, Cem Özdemir, enfrenta así una tarea complicada. Sus reformas encuentran una fuerte resistencia de varios estados federados alemanes y organizaciones agrícolas. La crítica se centra principalmente en el impacto económico y la viabilidad de aplicar normas más estrictas para las explotaciones agrícolas.
Özdemir está considerando ahora retrasar la implementación de sus nuevas normas sobre estiércol varios meses, posiblemente debido a las elecciones estatales de septiembre. Tres estados federados con una fuerte tradición agrícola acudirán a las urnas, y la sensibilidad política en torno a este tema es elevada.
El aplazamiento debe permitir espacio para más negociaciones y ajustes para crear un apoyo más amplio en la comisión de mediación. En ella, representantes de los estados federados y del gobierno federal intentan llegar a un compromiso. Este proceso es complejo y consume tiempo, pero es crucial para encontrar una solución sostenible.