La Corte Suprema del estado estadounidense de Washington ha condenado en apelación a la industria alimentaria a pagar una multa récord de 18 millones de dólares.
La Grocery Manufacturers Association (GMA) llevó a cabo en 2013 una campaña contra un proyecto de ley para etiquetado de alimentos que indicara las técnicas genéticas utilizadas en los productos alimenticios. La GMA ocultó que esa campaña, que costó millones e incluyó prolongados procesos legales, fue financiada por grandes empresas agroalimentarias como Coca-Cola, General Mills y Nestlé.
Los donantes fueron revelados únicamente después de que la oficina del fiscal general Bob Ferguson presentara una demanda por violación de las leyes estatales sobre financiamiento de campañas.
En Estados Unidos está establecido que las campañas y acciones con contenido político deben mencionar quién es el patrocinador. Esto aplica no solo para anuncios políticos sino también para el financiamiento de acciones públicas.
El tribunal señaló que los intentos de la GMA por ocultar la identidad de las empresas que financiaron la campaña de 2013 afectan la esencia de una acción abierta y transparente.
La GMA había gastado más de 11 millones de dólares para frenar el proyecto de ley sobre el etiquetado de productos alimenticios genéticamente modificados.
En Estados Unidos, no solo el gobierno federal nacional puede establecer normas y leyes sobre el etiquetado de alimentos, sino que cada estado puede promulgar sus propias leyes siempre que no contravengan las leyes nacionales. Esto ha llevado a que las regulaciones sean mucho más estrictas en algunos estados que en otros. Esto también influye en los procesos contra Bayer/Monsanto, que se iniciaron todos en California.