Las medidas estadounidenses afectan por primera vez a la Corte como institución, después de que Washington ya hubiera incluido este año a jueces y fiscales en una lista de sanciones. El gobierno estadounidense desea prohibir las transacciones financieras con la Corte y bloquear el acceso a medios y servicios estadounidenses. Las empresas disponen de seis meses para reducir sus relaciones comerciales con la Corte.
Países Bajos
La Corte define las sanciones como un ataque al orden jurídico internacional y al principio de que nadie está por encima de la ley. La presidenta Tomoko Akane declaró que la Corte continuará funcionando de forma independiente. Recalcó que los jueces deben poder dictar sentencia únicamente basándose en leyes y pruebas, sin presiones políticas de gobiernos. El viernes por la tarde, fue recibida en audiencia en el palacio de La Haya por el rey neerlandés Willem-Alexander.
El gobierno neerlandés condenó enérgicamente las medidas estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen, las calificó de muy lamentables. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Reino Unido, Canadá y Japón también expresaron su apoyo. Berendsen considera que el plazo transitorio de seis meses anunciado por Estados Unidos todavía deja espacio para el diálogo diplomático.
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Europa
En el Parlamento Europeo crece la presión para que la Comisión Europea vaya más allá de las protestas diplomáticas. Cinco presidentes de comisiones parlamentarias exigen la aplicación inmediata de un mecanismo europeo que proteja a las empresas de las consecuencias de las sanciones estadounidenses. Varios eurodiputados neerlandeses también abogan por medidas concretas de contraataque.
Las sanciones impuestas anteriormente por Washington contra determinados jueces de la CPI ya han provocado efectos. La juez canadiense de la CPI Kimberly Prost perdió el acceso a varios servicios digitales y sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas. También experimentó problemas con su seguro médico.
Rusia también
Washington acusa a la CPI de perseguir ilegalmente a estadounidenses e israelíes. El ministro de Asuntos Exteriores Marco Rubio ha anunciado que desea eliminar las capacidades financieras de la Corte. La CPI ha rechazado esas acusaciones y se niega a suspender sus actividades. Además, el gobierno estadounidense espera que sus aliados se sumen a sus medidas.
Rusia también está aumentando la presión sobre la Corte. Moscú ha pedido a los Países Bajos y otros países que arresten y entreguen a nueve funcionarios de la CPI, incluida la presidenta japonesa Akane. Estos fueron condenados en ausencia luego de que la Corte emitiera una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin. Así, la CPI está siendo presionada directamente tanto por Washington como por Moscú.