La agricultura suiza depende en gran medida del apoyo gubernamental, especialmente debido a los altos costos de la agricultura sostenible y las desafiantes condiciones regionales del país.
Según el gobierno en Berna, el ajuste es necesario para poder aumentar otros gastos, como los de defensa, debido a la cambiante situación de seguridad internacional. Ya se está planteando proteger el cuidado de personas mayores, la ayuda al desarrollo y la agricultura. Esto genera un conflicto entre partidos políticos y diversos grupos de interés, incluyendo a organizaciones de agricultores.
Los agricultores suizos reaccionan furiosos ante los planes de recorte y se han movilizado con protestas y manifestaciones con tractores en varias partes del país. Señalan que su poder adquisitivo ya ha disminuido considerablemente en los últimos años, debido en parte a los costes crecientes y a los bajos precios de mercado de productos agrícolas como la leche.
Una de las principales objeciones de los agricultores es que los recortes van en contra del impulso hacia la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Critican lo que consideran una "política agrícola equivocada", en la que normativas contradictorias y precios bajos los están acorralando.
La semana pasada se entregó al gobierno suizo una petición con 65.000 firmas en la que se exige que se reviertan los recortes principales. También exigen que los precios de los productos agrícolas estén mejor alineados con los costes de producción.
Estas acciones en Suiza no surgen de la nada: el año pasado, agricultores en otros países europeos, como Alemania y Francia, protestaron por descontento con las políticas agrícolas nacionales. Entonces, en los círculos agrícolas suizos se mantuvo la calma. Ahora, organizaciones agrarias suizas, como la Schweizer Bauernverband (SBV), se han levantado contra los posibles recortes.
Los agricultores suizos incluso amenazan con escalar sus protestas, incluyendo posibles bloqueos con tractores en zonas urbanas. No solo llaman a mantener las subvenciones, sino que exigen reformas que justifiquen un precio justo para sus productos, de modo que sus negocios puedan seguir siendo viables.