Los vecinos de un cultivador de lirios en Boterveen se habían quejado del uso de productos fitosanitarios considerados nocivos, e incluso habían ganado procesos inicialmente.
Klijnsma aconseja elaborar una lista de productos fitosanitarios peligrosos y pedir al Ministerio de Agricultura y Naturaleza (LNV) que prohíba estos productos con prioridad. Sin embargo, su recomendación no cuenta con el apoyo de su propio consejo de Diputados Provinciales (GS). Desde julio, el gobierno provincial de Drenthe está compuesto por políticos electos de PvdA, CDA, VVD y BBB.
Los diputados provinciales no adoptan el consejo de su propia CdK, sino que consideran que la provincia debe organizar una reunión informativa. Allí, el Colegio para la Autorización de Productos Fitosanitarios (Ctgb) puede explicar la aprobación de los productos cuestionados, y también grupos de interés como Meten=Weten pueden compartir su experiencia.
Los políticos de Drenthe enfatizan que los productos fitosanitarios usados por el cultivador de bulbos han sido evaluados y autorizados conforme a las normativas del Ctgb, pero los vecinos están preocupados por la posible dispersión fuera de los campos y la “acumulación de sustancias.”
La CdK Klijnsma también propone elaborar una lista de productos menos perjudiciales para el cultivo de bulbos y solicitar al ministerio que los autorice con rapidez. Tampoco esta propuesta es adoptada directamente por el GS, que espera alternativas ecológicas a través del proyecto Cultivo Sostenible de Bulbos.
La idea de considerar la designación de áreas donde se puedan o no cultivar bulbos y lirios solo es respaldada por el GS si existe apoyo en el sector agrícola. La BBB de Drenthe no desea reglas provinciales adicionales además de la normativa nacional y europea.
Además, hay discusión sobre la publicación de datos sobre los productos usados. La provincia no dispone de estos datos y teme que los cultivadores se opongan a una divulgación forzada. Vecinos y organizaciones, como D66 y el Partido por los Animales, subrayan que los residentes tienen derecho a esta información y que la provincia tiene también la obligación de investigación en este aspecto.