El comisario de Clima, Frans Timmermans, ha presentado las primeras normas de la UE para organizar un modelo empresarial y de ingresos para la agricultura de carbono. Con esta llamada certificación se da el primer paso jurídico hacia la reducción de emisiones de CO2, tal como se establece en los objetivos climáticos del Green Deal.
La Comisión Europea apunta a una combinación de diferentes posibilidades para retener dióxido de carbono. Se contempla el uso de materiales de construcción de madera o piedra elaborados con dióxido de carbono mineralizado. Además, también se considera la agroforestería y la re-irrigación de turberas secas y compactadas.
“Queremos que la eliminación de carbono ofrezca fuentes nuevas y adicionales de ingresos para los muchos agricultores que desean hacer más por la biodiversidad, pero que tienen dificultades para encontrar la financiación necesaria para hacerlo”, afirmó Timmermans.
La Comisión distingue entre dióxido de carbono almacenado por corto y por largo plazo. La agricultura de carbono probablemente sea una de las formas de almacenamiento a corto plazo. Por ello, los certificados para el almacenamiento de carbono en la agricultura solo podrán tener una validez limitada.
Para la concesión de permisos para certificados de carbono transferibles, Bruselas establece al menos cuatro criterios. En primer lugar, la cantidad de dióxido de carbono almacenado debe poder ser efectivamente determinada y cuantificada. La Comisión Europea espera poder utilizar controles modernos mediante satélites.
En segundo lugar, no se podrán certificar las actividades agrícolas que ya sean habituales: debe tratarse de técnicas y métodos nuevos. Este requisito ha provocado ya protestas de asociaciones agrarias, que consideran que dificulta a los agricultores innovadores que ya experimentan con almacenamiento de carbono, pues sus prácticas futuras no serían certificables.
Especialmente para la agricultura, es importante en la certificación propuesta que el dióxido de carbono se mantenga en el suelo al menos entre 10 y 20 años, y que los permisos concedidos sean igualmente temporales. Además, la nueva agricultura de carbono no debe poner en peligro la biodiversidad ni la protección de especies.
Actualmente la Comisión Europea no habla aún sobre la financiación, ya que este periodo de certificación es solo el inicio de la fase de implementación: muchos detalles aún deben resolverse. Además, los gobiernos de la UE y las comisiones del Parlamento Europeo deben aún pronunciarse al respecto. Posteriormente, una comisión de expertos desarrollará en una segunda fase los certificados de carbono con mayor detalle.