En círculos agrícolas se quejan de que la UE quiere prohibir o reducir algunos productos, pero que no se ofrece nada a cambio.
Los procedimientos actuales establecen que para los nuevos plaguicidas no solo se requiere la aprobación de las agencias europeas (como la EFSA), sino que también los organismos nacionales (como NVWA o Ctgb) deben realizar pruebas y emitir informes previamente. Esto a veces puede tardar años. En la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo se ha insistido con regularidad en encontrar una solución a este cuello de botella.
Hace unos meses, la dirección del servicio de evaluación de la EFSA señaló que el servicio no tiene presupuesto para asumir todas esas pruebas de los 27 países de la UE. Pero aparentemente para el próximo año se ha “encontrado” dinero adicional dentro de la UE.
El ministro de Agricultura Piet Adema ha informado a la Cámara Baja que la Comisión Europea ha presentado recientemente un plan de acción para el uso de más productos fitosanitarios biológicos. Con apoyo de la UE, los Estados miembros podrán contratar expertos (adicionales) para la evaluación de nuevas sustancias y productos.
La Comisión está finalizando actualmente un estudio sobre el uso de agentes biológicos de control y cómo pueden acceder al mercado. Esto aún no está armonizado en la UE.
Además, la Comisión Europea actualizó a mediados de diciembre a los ministros de Agricultura sobre la autorización de nuevas técnicas genéticas como crispr-cas. Bruselas comenzó este año una evaluación de impacto para una nueva legislación y se espera que haga una propuesta en la primera mitad de 2023.
En su informe a la Cámara Baja, el ministro Adema señala además que Países Bajos está de acuerdo con el llamado de Francia de que la autorización de nuevos productos es urgente para cumplir los objetivos de la estrategia De la Granja a la Mesa y la reducción del uso de productos propuesta por la Comisión en junio.