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Los países del EU y los negociadores del Parlamento Europeo han acordado un nuevo impuesto sobre el CO2 a la importación de productos nocivos para el medio ambiente. La medida climática se aplica a los sectores del aluminio, el acero y los fertilizantes y la industria del hidrógeno. Es probable que en unos años esto también se aplique a la importación de productos agrícolas y alimentarios.
El Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) no es un arancel o impuesto de importación, sino que obliga a las empresas que no pertenecen al EU a pagar sus propias emisiones de CO2, al igual que las empresas europeas ya tienen que hacerlo ahora. Esta "corrección medioambiental" en la frontera garantiza que las importaciones no sean más baratas que los productos europeos respetuosos con el medio ambiente.
“¿Las empresas extranjeras quieren ingresar a nuestro mercado con sus productos? Luego, también de acuerdo con nuestras reglas climáticas”, dice el eurodiputado holandés Mohammed Chahim (PvdA), quien dirigió las negociaciones en nombre del Parlamento Europeo.
Según su co-negociador Pascal Canfin (Fr.), el impuesto al CO2 en la frontera europea es una primicia mundial. “Con esta directiva, el contaminador realmente pagará, y alentamos al resto del mundo a ser más amigable con el clima también”.
Durante los primeros tres años, el nuevo sistema está dirigido principalmente a unas pocas industrias grandes, como la siderúrgica y el aluminio o la de fertilizantes. Pero hacia 2026, la 'corrección ambiental' también debe aplicarse a los productos que se derivan de ella, como la importación de automóviles o granos cultivados con fertilizantes artificiales.
La nueva directiva no solo debe garantizar la igualdad de condiciones para los negocios, sino también evitar que las empresas EU se vayan a países sin multas por violaciones ambientales. Los países del EU llevan tiempo trabajando en la elaboración de una 'cláusula espejo' en los acuerdos comerciales: las normas ambientales que el EU impone a sus propias empresas deben aplicarse también a las empresas no pertenecientes al EU.
