Con el apoyo de grupos ultraderechistas y nacionalistas, el líder del grupo PPE, Manfred Weber, sigue con el desmantelamiento de la política alimentaria climáticamente amigable «de la granja a la mesa», impulsada por el excomisario Frans Timmermans. Esto ya lo anunció la semana pasada en el congreso del PPE en Valencia.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votará el lunes por la noche en una sesión extraordinaria convocada sobre normas más estrictas para las importaciones agrícolas ucranianas. Esto presiona a la Comisión Europea, que debe tomar una decisión antes del 5 de junio sobre una nueva metodología para los aranceles de importación baratos aplicables a productos alimentarios y agrícolas ucranianos.
Asimismo, el lunes por la noche se debatirá un proyecto de ley sobre mayores aranceles aduaneros a la importación de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia. La votación llega en un momento en que los agricultores europeos protestan infructuosamente desde hace meses contra las normas de la UE y las importaciones desde Ucrania.
Actualmente, dentro de la Comisión Europea también se trabaja en un paquete amplio de simplificación para la Política Agrícola Común (PAC). Según informantes, dicho paquete se presentará el 14 de mayo.
Esto dejará claro además que la discusión sobre los aranceles de importación para Ucrania y la futura política agrícola europea se influyen mutuamente. Las organizaciones agrícolas quieren menos competencia de productos ucranianos y menos presión ambiental desde la UE. La votación en la Comisión de Agricultura llega en un momento políticamente sensible.
La Comisión Europea contempla eliminar la obligación para los países de la UE de adaptar sus planes estratégicos agrícolas nacionales a la legislación climática y ambiental europea. También se flexibilizarían las normas sobre las praderas permanentes y las zonas de turberas. Además, se habla de menos visitas de inspección por parte de los inspectores agrícolas a las explotaciones.
Esto no satisface a muchos ministros de agricultura en los países de la UE; se pide abiertamente revertir la Ley de Restauración de la Naturaleza aprobada el año pasado. Pero son los ministros de Medio Ambiente quienes deciden al respecto. Además, los grupos de centro-derecha en el Parlamento Europeo proponen dejar parcialmente o totalmente sin efecto la Directiva de Hábitats. Según ellos, esto es necesario, entre otras cosas, para debilitar el estatus protegido del lobo y así poder reabrir la caza del mismo.
Al mismo tiempo, no todas las propuestas de flexibilización cuentan con apoyo unánime. Documentos filtrados e informes mediáticos muestran que algunos países de la UE quieren mantener los objetivos climáticos anteriores. La Comisión Europea podría en el paquete que está por venir suavizar los objetivos del Pacto Verde, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.
Diversos medios europeos ya hablan de una «gran retirada» de la política climática europea.