Para dar forma a esta corresponsabilidad, el Parlamento Europeo ha elaborado la nueva directiva de “debida diligencia”. Como mínimo, las empresas deben minimizar o detener las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente. En materia de derechos humanos, esto incluye la esclavitud, el trabajo infantil y la explotación laboral. En cuanto al medio ambiente, abarca la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la conservación del patrimonio natural.
Las nuevas normas se aplicarán a empresas y grupos empresariales, dentro y fuera de la UE, que tengan más de mil empleados y una facturación mundial superior a 450 millones de euros. Las compañías deben desarrollar políticas más cuidadosas y realizar inversiones adecuadas.
Además, las empresas deben elaborar un plan de transición para adaptar su modelo de negocio al acuerdo climático de París, que establece que la Tierra no debe calentarse más de dos grados como máximo. Se toma como referencia un calentamiento aproximado de 1,5 grados.
Las empresas que incumplan las normas podrán enfrentar sanciones, como la divulgación pública (“naming and shaming”) y multas de hasta un cinco por ciento de su facturación mundial. La Comisión Europea establecerá una red de autoridades supervisoras de la UE para apoyar, entre otros aspectos, la cooperación.
La eurodiputada neerlandesa Lara Wolters (PvdA) fue coautora de la propuesta. La nueva ley es un compromiso arduamente negociado y el resultado de años de difíciles negociaciones, dijo Wolters. Ella se siente orgullosa de las directivas aprobadas, que considera “un hito para la responsabilidad empresarial y un paso importante en la dirección correcta para poner fin a la explotación de las personas y el planeta por parte de empresas irresponsables”.