Para dar forma a esta corresponsabilidad, el Parlamento Europeo ha elaborado la nueva directiva de “debida diligencia”. Como mínimo, las empresas deben minimizar o detener las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente. En materia de derechos humanos, esto incluye la esclavitud, el trabajo infantil y la explotación laboral. En cuanto al medio ambiente, abarca la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la conservación del patrimonio natural.
Las nuevas normas se aplicarán a empresas y grupos empresariales, dentro y fuera de la UE, que tengan más de mil empleados y una facturación mundial superior a 450 millones de euros. Las compañías deben desarrollar políticas más cuidadosas y realizar inversiones adecuadas.
Además, las empresas deben elaborar un plan de transición para adaptar su modelo de negocio al acuerdo climático de París, que establece que la Tierra no debe calentarse más de dos grados como máximo. Se toma como referencia un calentamiento aproximado de 1,5 grados.