El Parlamento Europeo considera que el primer ministro checo Babis ya no debería participar en las negociaciones dentro de la UE sobre subsidios para sus propias empresas agrícolas. El Parlamento Europeo opina que la UE debería finalmente poner en marcha los nuevos procedimientos sancionadores del “mecanismo de condicionalidad”.
Babis es fundador y propietario de Agrofert, un grupo que agrupa más de 200 distintas empresas agrícolas. Aunque ha delegado la gestión diaria en dos holdings, sigue siendo el beneficiario final. Agrofert también está entre los mayores receptores de subvenciones agrícolas de la UE.
La eurodiputada neerlandesa Lara Wolters (PvdA) participó en la redacción de la resolución. “Babis abusa de su posición en las mesas de negociación europeas para beneficiarse de la distribución de fondos europeos. Eso daña la confianza de los contribuyentes europeos en la UE. Por eso esta resolución afirma que la Comisión Europea no debe dudar en usar sus nuevos poderes”.
En una resolución (505 votos a favor, 30 en contra, 155 abstenciones) los eurodiputados lamentan que el gobierno checo intente legalizar los conflictos de interés de Babis. Tampoco están de acuerdo con el método sancionador que quiere aplicar la Comisión Europea: retener subvenciones de la UE a proyectos checos. Según los políticos europeos, esta medida afecta a los ciudadanos checos.
Enfatizan que “los ciudadanos y contribuyentes checos no deberían sufrir las consecuencias derivadas del conflicto de interés del primer ministro Babis y exigen que las empresas del grupo Agrofert devuelvan todas las subvenciones recibidas de forma indebida”.
Los miembros del PE consideran que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, debe “finalmente” activar el mecanismo de condicionalidad para proteger el presupuesto de la Unión. Este mecanismo fue diseñado hace algunos años para —como último recurso— poder suspender temporalmente el derecho a voto en la UE de “violadores del Estado de derecho”, como el nacionalista húngaro Orbán y los conservadores polacos.
Hasta ahora, los jefes de Estado y de gobierno se oponen a una medida tan dura, incluso contra Hungría, lo que ha hecho que los comisarios europeos aún no se atrevan a aplicarla contra Chequia.