La mayoría de los grupos en el Parlamento Europeo no hacen públicamente ningún problema de que el político catalán Oriol Junqueras, preso en España, no pueda tomar el asiento que ganó en mayo en el Parlamento Europeo, y que su derecho a ello ya haya caducado.
La mayoría de los líderes de grupo apoyaron esta semana el argumento de la Comisión Europea y del presidente del PE, Sassoli, de que se trata de una cuestión jurídica y no política, y que debe resolverse en los tribunales españoles y europeos, no en el Parlamento Europeo.
Así, la incorporación de otros dos políticos catalanes, de otro partido catalán, también transcurrió sin mayores sobresaltos. No hubo ovaciones ni recepciones heroicas. Tampoco disturbios, gritos ni conmoción cuando los dos políticos catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín, del partido JxCat, tomaron sus escaños.
La admisión no fue del agrado de los miembros españoles de extrema derecha de Vox (en ERC) y del Partido Popular en el Partido Popular Europeo (PPE), que protestaron, se levantaron y mostraron la bandera española. Pero el presidente del Parlamento, Sassoli, mantuvo firme su argumento, calmó a los extremistas y no cedió.
Inmediatamente después de su toma de posesión, Puigdemont ofreció su "primera" rueda de prensa como eurodiputado en el edificio del Parlamento Europeo. A ella asistieron decenas de periodistas que viajaron a Estrasburgo y únicamente unas pocas decenas de corresponsales habituales de la UE. En esa rueda de prensa, Puigdemont arremetió contra los partidos políticos españoles y dedicó casi todo su discurso a las tensas relaciones entre Madrid y Cataluña, casi sin abordar asuntos de la UE.
Solo después de la sesión afloró el enfado, principalmente entre los grupos de izquierda radical GUE y Los Verdes, quienes esperaban una postura clara del Parlamento y de su presidente, y al mismo tiempo una condena a España. “Sassoli ha adoptado unilateralmente la posición española, sin consultar al Parlamento ni a la comisión jurídica,” criticó la eurodiputada belga Petra De Sutter (Los Verdes).
Su interpretación, al igual que la de Madrid, contrasta con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo según la cual la inmunidad existe desde la publicación de los resultados. Además, GUE/Los Verdes consideran que el Estado de derecho está claramente en juego. Es sencillamente escandaloso que España ignore una sentencia del Tribunal de Justicia en Luxemburgo.
No se trata de apoyar o no la independencia de Cataluña, sino de respetar o ignorar la toma de decisiones democráticas, se dice. Otros sostienen que la política no debe interferir en disputas judiciales. La UE incluso sanciona a primeros ministros y ministros que intervienen en la justicia en Polonia, Hungría u otros países.
La solicitud inmediata del Tribunal Supremo español para revocar la inmunidad de Puigdemont y Comín pone de nuevo la cuestión en primer plano. La comisión jurídica del Parlamento Europeo ahora debe informar al pleno sobre esto. De esta forma, el asunto catalán puede volver a estar en las agendas de Bruselas dentro de uno, dos o tres meses.