El eurodiputado neerlandés Bert-Jan Ruissen (SGP) quiere que la Comisión Europea aclare el motivo por el que inicialmente se mantuvo en secreto un estudio sobre las posibles consecuencias de la estrategia de la granja a la mesa en la agricultura.
Ruissen quiere exigir explicaciones al Comisario de Clima, Frans Timmermans, en la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo.
Esta nueva estrategia alimentaria fue aprobada el mes pasado en una reunión conjunta de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo con amplia mayoría, poco después de que se presentara un estudio del organismo europeo de investigación JRC acerca de las consecuencias que tendría para la agricultura esa nueva estrategia alimentaria y de biodiversidad.
Según organizaciones agrarias, el estudio muestra entre otras cosas que la producción agrícola podría disminuir, que los precios de los alimentos podrían aumentar, que las importaciones podrían crecer y que las exportaciones podrían reducirse.
Desde la Comisión de Agricultura y también por muchos ministros de Agricultura se ha solicitado una "evaluación económica" de los posibles costes en relación con los planes climáticos del Pacto Verde, la nueva política agrícola común (PAC) y la nueva política alimentaria F2F (de la granja a la mesa).
El sitio europeo de noticias Euractiv reveló la semana pasada que el informe del JRC estuvo listo a nivel técnico en enero, pero que la Comisión Europea no lo envió al Parlamento Europeo hasta agosto, durante el receso de verano. Los propios investigadores subrayan que su informe no está completo y que muchas medidas todavía son inciertas.
El Comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski reaccionó indignado la semana pasada ante la acusación de Euractiv de que él había "retirado" el informe para enviarlo solo en el receso vacacional. En un mensaje de Twitter señaló que había mantenido el informe porque los investigadores ya constataron que su estudio no era completo, y por tanto sus cálculos tampoco.
Así, los investigadores del JRC ponen de manifiesto que no se puede predecir el patrón alimentario ni el comportamiento del consumidor público si algunos productos alimenticios se encarecen o desaparecen del mercado debido a exigencias ambientales más estrictas. El estudio también evidencia que en los tratados comerciales aún no está bien definido cómo gestionar la importación de productos contaminantes pero más baratos.
Dado que los políticos europeos habían solicitado una evaluación completa de todas las consecuencias, la Comisión Europea intentó tras enero cubrir las lagunas de la investigación, explicó el Comisario Wojciechowski.
Solo cuando estuvo claro para los Comisarios Timmermans, Kyriakides y Wojciechowski que la evaluación solicitada no se podía entregar en detalle, se decidió finalmente enviar el informe a las comisiones ENVI y AGRI.
Wojciechowski informó hace dos semanas a través de un mensaje en Twitter que una evaluación completa de todas las consecuencias será posible durante el próximo año, una vez que los 27 países de la UE hayan presentado sus planes estratégicos nacionales (NSP) a Bruselas.

