La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, quiere normas más estrictas para el patrocinio comercial de la presidencia de la Unión Europea. La Defensora recomienda al Consejo Europeo que proporcione a los Estados miembros directrices sobre el patrocinio de la presidencia, “para limitar los riesgos reputacionales para la Unión Europea”.
El Parlamento Europeo decidió a finales del año pasado que los países de la UE ya no pueden financiar sus gastos por una presidencia temporal de la UE mediante grandes multinacionales. Según una gran mayoría, los costos de la presidencia, que cada seis meses ejerce otro país de la UE, deben pagarse con fondos generales.
Esto significa que los costos deben ser pagados del fondo común europeo, según la eurodiputada neerlandesa Lara Wolters (PvdA). “Es absurdo que una institución pública reciba dinero de un patrocinador privado. BMW donó como patrocinador privado cien coches a la presidencia Finlandia. Y eso mientras en la política europea hay un intenso debate sobre las emisiones que deben tener los automóviles”, dijo Wolters anteriormente.
Wolters, quien impulsó la declaración del Parlamento, no quiere mezcla de intereses. “Debemos abandonar la imagen de que unas pocas personas o empresas puedan determinar la política de la UE.”
En 2019, la organización Foodwatch criticó el patrocinio de la presidencia rumana del Consejo Europeo. Coca-Cola fue entonces “socio platino”. Junto con el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo es responsable de la legislación y el presupuesto, entre otros, sobre la normativa alimentaria. Para cubrir los gastos de la presidencia, a veces los Estados miembros recurren a patrocinadores.
En una carta abierta apoyada por una petición firmada masivamente por correo electrónico, Foodwatch pidió la terminación inmediata de la asociación con Coca-Cola. Los jefes de Estado y de Gobierno europeos rechazaron la queja de Foodwatch, argumentando que la UE sólo es responsable de los eventos que tienen lugar en Bruselas, no de los eventos de los Estados miembros individuales.
La Defensora O’Reilly considera que la distinción administrativa planteada “no es perceptible ni relevante para el gran público”. El Consejo Europeo debe “excluir o al menos limitar los riesgos reputacionales”.
También Vicky Cann, que realiza investigaciones para la organización Corporate Europe sobre la relación entre las empresas y la UE, está satisfecha con la declaración. “El patrocinio comercial ha sido por años algo de lo que avergonzarse. Es notable que los Estados miembros se hayan dejado patrocinar por empresas tecnológicas, fabricantes de automóviles y compañías de refrescos. Toda la toma de decisiones debe estar libre de incluso la más mínima apariencia de conflicto de intereses”, dice Cann.