Los cabilderos rusos ya no tienen acceso a los edificios del Parlamento Europeo. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tomó esta decisión la semana pasada, tras semanas de negociaciones infructuosas con la Comisión Europea y el Consejo sobre una prohibición conjunta.
Tanto la Comisión como el Parlamento querían que los representantes rusos se retiraran, pero bajo la presidencia francesa de la UE surgió resistencia por parte del Consejo. Dado que aún no se vislumbra una decisión conjunta, el Parlamento Europeo decidió actuar en solitario el jueves. Esta decisión se produjo después de que Los Verdes, junto con otras formaciones políticas, lo solicitaran.
Como resultado de esta decisión, decenas de empresas e instituciones rusas tendrán que cerrar sus oficinas ubicadas en edificios del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo. Se señaló que, dada la situación actual, ya no se puede evitar abordar este asunto.
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La Unión Europea impuso el viernes el sexto paquete de sanciones contra Rusia. Esto no solo incluye una reducción en la importación de petróleo ruso, sino también sanciones contra altos cargos del Kremlin. Por ejemplo, Aleksandra Melnisyenko, esposa del multimillonario ruso sancionado anteriormente Andrei Melnisyenko, ahora ha sido incluida en la lista negra. Según Reuters, él había transferido sus empresas a ella en un intento de minimizar el daño comercial.
“Todavía quedan demasiados cómplices de Putin fuera del alcance de las sanciones europeas contra Rusia”, opina el eurodiputado neerlandés Peter van Dalen (Unión Cristiana). Junto a dos colegas de Lituania, ha presentado preguntas al Alto Representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre este tema.
Lejos de estar todos los rusos vinculados al régimen del presidente Putin en la lista europea de sanciones, así lo demuestra una lista elaborada por la Anti Corruption Foundation, una organización fundada por el líder opositor ruso Alexei Navalny, quien actualmente está encarcelado en Rusia.
En esta lista aparecen 6000 personas vinculadas a Vladimir Putin. Incluye miembros de organismos gubernamentales como ministerios y el consejo de seguridad, medios estatales, banqueros y políticos regionales y locales. Según la Foundation, estas personas, por sus estrechos vínculos con el régimen de Putin, contribuyen a la guerra en Ucrania. Van Dalen considera esto incomprensible e injusto, por lo que busca aclaraciones de Borrell.
Además, el Parlamento Europeo sostiene que debe terminarse la ‘venta’ de pasaportes europeos a rusos adinerados. Desde la invasión rusa a Ucrania, Reino Unido, Malta, Bulgaria, Portugal, Grecia y la República Checa han suspendido estos procedimientos. Sin embargo, el Parlamento Europeo quiere ir más allá y promulgar una prohibición total de estos programas.

