Para ello debe haber indicios concretos, por ejemplo de organizaciones de clientes o denunciantes. Entonces ya no será posible comercializar estos productos, ni siquiera a través de ventas en línea.
Los fabricantes de bienes prohibidos deberán retirar sus productos del mercado interno y deberán donarlos, reciclarlos o destruirlos. Las empresas que no cumplan las normas podrían ser multadas. Los productos podrían ser admitidos nuevamente si la empresa importadora elimina el trabajo forzado en sus proveedores.
El Parlamento Europeo aprobó esta semana un reglamento que prohíbe la venta, importación y exportación de bienes fabricados con trabajo forzado. Se trata principalmente de productos exteriores a la UE, por ejemplo ropa hecha por niños.
Corresponde a los denunciantes, organizaciones no gubernamentales y gobiernos colaborativos indicar qué bienes son sospechosos y, por tanto, pueden ser investigados. Con suficientes indicios se inicia una investigación.
La eurodiputada neerlandesa Samira Rafaela (D66) es coautora de la propuesta. Ella habla de un día histórico y celebra el reglamento aprobado. “Hemos adoptado un texto legislativo pionero para combatir el trabajo forzado a nivel mundial.
Este reglamento fomenta la cooperación europea e internacional, desplaza el poder de los explotadores hacia consumidores y trabajadores, y ofrece vías de reparación para las víctimas,” afirma Rafaela.