Asimismo, la lucha contra los criminales ambientales se intensificará aún más. Las personas o empresarios que cometan delitos ambientales recibirán a partir de ahora penas de prisión. La duración dependerá de cuán prolongado, grave o irreversible sea el daño ambiental. Para los delitos calificados, la pena será de hasta ocho años de cárcel, y para los delitos que causen muertes, en el futuro serán diez años de prisión. Para otros delitos penales, la pena máxima será de cinco años de cárcel.
La lista actualizada de delitos ambientales incluye, entre otros, la tala ilegal, la contaminación causada por barcos y violaciones a la legislación de la UE sobre sustancias químicas. También se incluyen "delitos calificados", como grandes incendios forestales o contaminación extensa del aire, agua y suelo. Esto conduce, entre otras cosas, a la destrucción de ecosistemas, comparable con un ecocidio. Sin embargo, debe estar claro que los autores/contaminadores sabían que su acción (o negligencia) era punible, y que aún así (=intencionalmente) la llevaron a cabo.
Según el co-negociador Toine Manders (CDA), la nueva directiva de la UE tendrá un carácter "dinámico" para permitir ajustes intermedios, y en algunos casos incluso revisar el pasado. Señaló que el crimen ambiental se desarrolla rápidamente y utiliza cada vez nuevas técnicas y métodos. Además, actividades empresariales aparentemente "ordinarias" pueden ser perjudiciales (para las personas o el medio ambiente), y por lo tanto también punibles.
"Es hora de que combatamos esta criminalidad transfronteriza a nivel de la UE mediante sanciones armonizadas y disuasorias", dijo Manders. "Con este acuerdo, el costo recae en el contaminador." Además, es importante que las personas en cargos directivos en empresas contaminantes, así como las propias compañías, sean responsables. "Con la introducción de un deber de diligencia ya no habrá lugar para esconderse detrás de permisos o lagunas legales."
Los países de la UE podrán decidir si enjuician delitos penales que no se hayan cometido en su propio territorio. Por lo tanto, es posible que criminales ambientales que causen daños en terceros países sean procesados por un estado miembro de la UE. Además, los países de la UE deberán organizar capacitaciones especializadas para policías, jueces y fiscales.