En la apelación, tres hombres y una granja de hongos en Limburgo fueron condenados a sentencias considerablemente más bajas que las impuestas originalmente por el tribunal. Los cientos de recolectores de temporada polacos lesionados no recibirán ningún pago o compensación adicional.
El director de la guardería fue condenado la semana pasada a nueve meses de prisión en lugar de dos años, por falsificación y posesión de armas y municiones. El Tribunal de Apelación determinó que no había pruebas suficientes de que se hubiera llevado a cabo trabajo forzoso o explotación.
En 2012, la policía allanó la guardería porque presuntamente se estaban explotando 600 empleados polacos. Los cientos de temporeros polacos tuvieron que hacer su trabajo en muy malas condiciones. También tuvieron que pagar parte de su salario por vivienda, alimentación y seguro médico.
También se les pagaba por debajo del salario mínimo. La empresa fue luego condenada a una multa de 75.000 euros y fue declarada en quiebra poco después de la redada.
El tribunal encuentra probado que el director ordenó la comisión de falsificación incorporando módulos de desnatado y redondeo injusto en el sistema de reloj para los empleados polacos. Como resultado, se registraron menos horas de las trabajadas y las nóminas no indicaron las horas reales trabajadas.
Según los jueces, efectivamente existía una mala práctica laboral, pero esto no significa que también hubiera explotación laboral o esclavitud moderna. En el expediente se encontraron indicios insuficientes de explotación de los empleados polacos o de maltrato sistemático.
La guardería utilizó un "software de trampa": los módulos de desnatado antes mencionados en los horarios del reloj que aseguraron que los empleados polacos recibieran un pago menor. El hombre que desarrolló este software ha sido condenado a 60 horas de servicio comunitario.
El otro responsable de la nómina ha sido condenado en apelación a 240 horas de servicio comunitario. Esa sentencia es menor que la pena de prisión de seis meses impuesta anteriormente por el tribunal, principalmente porque el asunto recién ahora se está conociendo, después de casi diez años.
El Ministerio Público había exigido una indemnización para los empleados polacos afectados. El tribunal rechazó esa reclamación porque no es fácil determinar el monto del daño sufrido por los empleados.