El Parlamento Europeo considera que los gobiernos de la UE deben finalmente tomar medidas contundentes contra los rebeldes Polonia y Hungría. El Europarlamento y también la (anterior) Comisión Europea ya impusieron hace más de dos años la severa sanción del ‘artículo 7’ contra Varsovia y Budapest, pero los gobiernos de la UE aún lo bloquean.
Los países de la UE deben presionar mucho más a los gobiernos anti-europeos del partido PiS polaco y del Fidesz húngaro debido a su erosión del estado de derecho y la democracia, se argumenta. Una amplia mayoría del Parlamento Europeo (476 contra 178) apoyó el jueves esta llamada.
La (nueva) Comisión Europea Von der Leyen es instada a utilizar todos los instrumentos disponibles para lograr que estos dos países de la UE entren en línea. La comisión inició a finales de 2017 un procedimiento severo contra Polonia. Este procedimiento más duro del artículo 7 en el tratado de la UE puede conllevar la suspensión del derecho a voto en las reuniones de ministros de la UE. El Parlamento Europeo activó un año después el mismo procedimiento contra el gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán.
Los países de la UE han interrogado a ministros de ambos países en una serie de audiencias, pero no han tomado más medidas. Esto ha causado descontento entre muchos eurodiputados que aseguran que la situación ha empeorado y que el artículo 7 aparentemente no funciona. Según ellos, la credibilidad de la UE está en juego.
También el Partido Popular Europeo (PPE), del cual el partido Fidesz de Orbán es miembro (aunque suspendido), apoyó el llamamiento. Una propuesta para una evaluación anual del estado del estado de derecho en los países de la UE, también un deseo del Parlamento, fue bloqueada en noviembre en una reunión de ministros por Hungría y Polonia. El ministro Stef Blok (Asuntos Exteriores) lamentó ello.
Esta misma semana, la influyente Comisión de Venecia del Consejo de Europa determinó que unas reformas judiciales en la judicatura polaca amordazan a los jueces polacos y socavan aún más su independencia. En una nueva ley, pueden ser sancionados por una cámara disciplinaria por criticar al gobierno.
Además, ayer se hizo público que el principal asesor jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo emitió un dictamen sumamente negativo sobre las leyes anti-extranjeros en Hungría. La ley húngara que obliga a las organizaciones sociales a revelar su financiación extranjera viola el derecho europeo. Los jueces en Luxemburgo suelen seguir este tipo de dictámenes.
La Comisión Europea había enviado la ley húngara de 2017 al tribunal de la UE. La transparencia completa sobre donaciones extranjeras puede tener un “efecto estigmatizante” y va en contra de la libre circulación de capitales, el derecho a la privacidad y la libertad de asociación, es la opinión del abogado general.
Las organizaciones húngaras deben hacer públicos los nombres de los donantes extranjeros si aportan más de aproximadamente 1500 euros. Para las contribuciones de húngaros no existe tal obligación. Según algunos, la medida del gobierno conservador del primer ministro Viktor Orbán está dirigida contra el filántropo George Soros, con quien el partido gobernante Fidesz está enfrentado.