La sentencia se considera un hito importante para delimitar las competencias entre Bruselas y los países de la UE. La decisión confirma que la política social puede ser parcialmente moldeada a nivel europeo, pero que la fijación de salarios sigue siendo esencialmente una competencia nacional.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE aporta claridad sobre el alcance de la regulación social europea. El Tribunal determinó que la UE, con su directiva sobre salarios mínimos, no ha excedido sus competencias, pero sí ha eliminado dos disposiciones que interferían demasiado en la fijación nacional de los salarios.
El caso fue presentado por Dinamarca, apoyada por Suecia. Ambos países consideran que las negociaciones salariales pertenecen al ámbito nacional y que las instituciones europeas no deben intervenir en ello. Su queja se dirigió contra la directiva de 2022, que busca garantizar "salarios mínimos adecuados" en todos los países de la UE.
El Tribunal dio parcialmente la razón a Dinamarca. Los jueces anularon dos disposiciones específicas: una que establecía criterios para el cálculo y modificación de los salarios mínimos, y otra que prohibía las reducciones salariales con la indexación automática. Según el Tribunal, ambas normas afectan directamente a la fijación salarial, una competencia nacional.
El resto de la directiva permanece completamente vigente. Se anima a los países de la UE a fomentar las negociaciones colectivas entre empleadores y trabajadores y a garantizar que los salarios contribuyan a un nivel de vida digno. El Tribunal enfatizó que esto no constituye una interferencia directa en los sistemas nacionales.
La eliminación de las dos disposiciones significa que la UE no puede imponer criterios uniformes para determinar los salarios mínimos. Así, los países de la UE conservan mayor libertad para decidir cómo calculan y ajustan los salarios, por ejemplo, mediante sistemas de indexación o acuerdos colectivos.
Para países con indexación salarial automática, como Bélgica y Luxemburgo, esto implica que continuarán decidiendo por sí mismos sobre la aplicación de dichos sistemas. Al mismo tiempo, el objetivo general de la directiva se mantiene: mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir las desigualdades salariales dentro de la UE. El Tribunal consideró que este objetivo encaja dentro del mandato de la Unión para promover la cohesión social.