Los gobiernos conservador-nacionalistas de Polonia y Hungría se oponen a la modificación de leyes y procedimientos de la UE mediante los cuales los Estados miembros pueden ser obligados a cumplir con las normas europeas para la protección del Estado de derecho. En una reunión de ministros en Bruselas, se evidenció que los otros 26 países de la UE sí están dispuestos a tomar medidas más estrictas contra los Estados miembros reacios.
Para muchos países de la UE es una molestia que algunos gobiernos predominantemente conservadores o populistas en Europa Central se nieguen a colaborar en la distribución y reubicación de solicitantes de asilo y refugiados. También persiste el descontento respecto a países donde el poder judicial no es completamente independiente (Polonia), y donde la interferencia extranjera se ve con hostilidad (Hungría), así como en donde la corrupción no se combate lo suficiente (Rumanía, Malta).
En los últimos años, la Comisión Europea ya ha iniciado un procedimiento sancionador severo (artículo 7) contra Polonia y Hungría, pero son trámites difíciles y lentos. Además, la sanción (la retirada del derecho a voto) es de hecho la medida más severa y única.
Por eso, la Comisión Europea ha propuesto ahora vincular las subvenciones anuales de la UE que reciben los países a estos procedimientos. Si los países se negaran a cumplir con los procedimientos de la UE, podrían retenerse, por ejemplo, las subvenciones agrarias de ese país. Pero como esta nueva regla requiere unanimidad, Polonia y Hungría pudieron ayer en Bruselas (todavía) bloquearla.
Precisamente esta misma semana, el Tribunal de Justicia Europeo emitió nuevamente un fallo crítico sobre la polémica jurisdicción disciplinaria para jueces polacos. El Tribunal se cuestiona si la cámara disciplinaria polaca establecida en 2017 es realmente independiente. Según la Comisión Europea, no es así. La cámara disciplinaria polaca (compuesta por jueces del Tribunal Supremo) es propuesta por el Consejo Judicial, cuyos miembros son nombrados por políticos del conservador gobierno polaco del PiS.
Es esencial que ese consejo sea lo suficientemente independiente del gobierno, el parlamento y el presidente, señalaron los jueces en Luxemburgo. Enfatizan que no debe quedar lugar a dudas al respecto. El gobierno polaco lleva tiempo eliminando a sus jueces desfavorables. Según la Comisión Europea, el Estado de derecho se ve socavado por la influencia política sobre el poder judicial. El tribunal de la UE ya ha fallado a favor de Bruselas en varias sentencias anteriores.