La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) representa un punto de inflexión importante en el debate sobre los llamados "pasaportes dorados". A pesar de las críticas de la Comisión Europea y las preocupaciones sobre riesgos en materia de seguridad, evasión fiscal y corrupción, Malta mantiene su programa para ciudadanos ricos no pertenecientes a la UE que deseen invertir en el país.
Malta comenzó este programa en 2013. Desde entonces, ha recaudado más de 1.000 millones de euros. Aunque otros países, como Chipre y Bulgaria, han suspendido sus complejos esquemas bajo la presión de la UE, Malta se mantiene firme en su decisión de continuar. Es posible que, con esta reciente sentencia, otros países también vuelvan a implementar programas similares.
La Comisión Europea llevó a Malta ante la justicia porque, según Bruselas, existen preocupaciones de que este sistema no esté alineado con los valores de la UE. También se han expresado inquietudes sobre posibles peligros, como el riesgo de que organizaciones criminales puedan abusar del programa para actividades ilegales como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
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En los últimos años, agencias gubernamentales y políticos en Malta han sido objeto de escándalos debido a la creciente influencia de delincuentes en la administración del país. Revelaciones de que incluso primeros ministros y ministros fueron sobornados llevaron, el 16 de octubre de 2017, al asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia
Ahora que el TJUE ha confirmado que el aspecto fundamental de la ciudadanía es una competencia nacional, países que anteriormente suspendieron sus programas bajo presión de la UE, como Chipre, podrían reconsiderar reactivar estos esquemas.