Ahora se han presentado dos casos ante el Tribunal de Justicia. Los Estados miembros de la UE están obligados a fomentar la reutilización, pero Chipre se queda muy rezagado en este aspecto. Mientras otros países avanzan, la proporción de residuos domésticos reciclados en la isla ha permanecido particularmente baja. Según la Comisión Europea, este retraso representa una grave amenaza para el medio ambiente.
Chipre ya había recibido advertencias sobre su deficiente política de residuos. Bruselas considera que estas señales no tuvieron un efecto suficiente. Al no producirse mejoras significativas, el expediente ha sido remitido al tribunal de la UE.
El primer caso se centra en las deficiencias estructurales en la gestión nacional de residuos. Chipre no garantizaría una separación adecuada de los flujos de residuos, lo que conduce a niveles más altos de vertido. El segundo caso trata sobre la falta de medidas políticas que realmente fomenten y faciliten el reciclaje.