El caso de fraude gira en torno al uso indebido de subsidios agrícolas europeos. Se presentaron solicitudes basadas en datos falsos sobre tierras y actividades agrícolas. Los agricultores habrían recibido grandes sumas de dinero provenientes de fondos de la UE sin que existieran actividades agrícolas reales que las justificaran.
Como respuesta a las acusaciones, el Estado griego decidió disolver la entidad pública involucrada, OPEKEPE, responsable de la gestión de los subsidios. Esta medida siguió a una investigación prolongada iniciada en 2019. También se despidió al funcionario más alto del servicio, después de que la investigación revelara graves fallos en los mecanismos de control.
Un aspecto particular del caso es que muchas de las solicitudes de subsidio en disputa provienen de Creta. Grecia tiene miles de islas, de las cuales más de doscientas están habitadas. Tradicionalmente, estas islas gestionaban muchos asuntos gubernamentales de forma independiente, lo que limitaba la supervisión desde Atenas.
El fiscal público europeo (EPPO) desempeña un papel central en la persecución de los defraudadores. Según la Corte Suprema de Grecia, sólo este organismo europeo tiene competencia para llevar a cabo la investigación y el procesamiento de este caso. Este fallo pone fin a años de incertidumbre sobre la responsabilidad judicial.
Al mismo tiempo, representantes del EPPO han expresado duras críticas sobre el trato recibido por sus empleados en Grecia. Se indica que los investigadores han sufrido intimidaciones y amenazas por parte de funcionarios agrícolas locales. Según el EPPO, esta agresión busca obstaculizar la investigación y presionar a los testigos.
El caso es seguido con preocupación en Bruselas. La Comisión Europea ha exigido total transparencia a las autoridades griegas y sostiene que no se puede tolerar el mal uso del dinero de la UE. En respuesta, el gobierno griego ha prometido públicamente plena transparencia en el desarrollo de los procesos penales y en la gestión administrativa.
En los próximos meses comenzarán otros siete procesos similares como consecuencia de la misma investigación por fraude. En total, decenas de personas deberán responder ante la justicia. El resultado de estos juicios tendrá no sólo consecuencias legales, sino también políticas para la supervisión de los subsidios europeos dentro de los países de la UE.