Castilla y León es una región que cuenta con una de las mayores poblaciones de lobos en Europa. La decisión española entonces generó oposición por parte de organizaciones de protección de la naturaleza y el medio ambiente, que sostienen que disparar a los lobos representa una amenaza grave para la especie, ya presionada por la pérdida de hábitat y la caza ilegal.
Según la Directiva de Hábitats europea, matar un lobo solo está permitido en casos excepcionales. El Tribunal decidió que las autoridades españolas no presentaron pruebas suficientes de que la caza fuera necesaria para evitar daños al ganado. Existen medidas alternativas menos agresivas, como el uso de perros pastores y cercas reforzadas, que no han sido consideradas ni aplicadas adecuadamente.
La sentencia representa una victoria importante para los defensores de los derechos de los animales. El Tribunal subrayó también en este caso que los intereses económicos, como los del sector agrícola, no prevalecen sobre la necesidad de proteger la biodiversidad. El gobierno español deberá ahora revisar su política y asegurar que la protección de los lobos esté conforme a la legislación de la UE.
La decisión del Tribunal puede tener asimismo implicaciones para otros países de la UE donde la protección de lobos y otros grandes carnívoros es un tema de debate. El fallo sigue a una decisión similar sobre la caza de lobos en Tirol, Austria, donde el Tribunal igualmente determinó que los planes para disparar a lobos contravenían las normas europeas.
La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha reiterado que la protección de la biodiversidad es una de las prioridades fundamentales del Pacto Verde europeo. Organizaciones medioambientales han acogido con satisfacción los fallos del Tribunal, viéndolos como un paso importante hacia una mejor protección de la fauna salvaje en Europa.