Las empresas deberán comprobar previamente si en sus productos se han utilizado materiales procedentes de la tala de bosques primarios, como en el aceite de palma, soja, café, cacao, madera y caucho, así como en productos derivados (como carne de res, muebles o chocolate). La medida también afecta al ganado alimentado con piensos cultivados en tierras agrícolas situadas en zonas de bosques talados.
Las empresas importadoras también estarán obligadas a recopilar información geográfica precisa sobre las tierras agrícolas donde se cultivan sus productos, como puede ser el maíz usado en piensos. Ningún país ni producto será prohibido per se, pero las empresas no podrán vender sus productos en la UE sin este tipo de declaraciones.
Dado que la UE es un gran consumidor de estas materias primas, se espera que esta medida contribuya a reducir la deforestación, lo que a su vez disminuirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, según la Comisión Europea. Este acuerdo llega justo antes del inicio de la conferencia clave sobre Biodiversidad (COP15), que definirá los objetivos de protección de la naturaleza para las próximas décadas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque —una superficie mayor que la de la Unión Europea— debido a la deforestación.
La lista de materias primas incluidas en la directiva se revisará y actualizará regularmente, teniendo en cuenta nuevos datos, como los cambios en los patrones de deforestación.
Las nuevas normas no solo reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, sino que también contribuirán a asegurar los medios de vida de millones de personas, incluidos pueblos indígenas y comunidades locales que dependen en gran medida de bosques y selvas.
El Parlamento Europeo y el Consejo deberán ahora adoptar formalmente el nuevo reglamento para que pueda entrar en vigor. Una vez que el reglamento esté vigente, los operadores y comerciantes tendrán 18 meses para aplicar las nuevas reglas. Para micro y pequeñas empresas habrá un periodo de implementación más largo.