Los criminales españoles habían elaborado un plan complejo en el que participaban varias empresas que se beneficiaban de la venta de derechos ficticios de propiedad a solicitantes de subsidios del Programa Común de Políticas Agrícolas (PAC).
Los arrestos se llevaron a cabo en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera por la unidad fiscal de la Policía Nacional española.
Según la Fiscalía Europea, la red criminal producía títulos de propiedad falsificados y contratos de arrendamiento falsos con los cuales los agricultores españoles podían solicitar más subsidios por parcelas más grandes. Esto les permitía además cumplir con los umbrales de hectáreas requeridos por el PAC.
Los verdaderos propietarios de las tierras no sabían que sus parcelas estaban siendo utilizadas fraudulentamente por terceros para solicitar fondos de la UE. Las personas implicadas habrían cometido diversos delitos de fraude de subsidios y falsificación de documentos, causando un perjuicio estimado para el presupuesto de la UE de 3 millones de euros.
Los países de la UE son responsables de mantener la administración conforme a las diferentes normativas y directivas europeas, incluyendo su cumplimiento y control. En Países Bajos se iniciaron recientemente investigaciones debido a que agricultores solicitaron subsidios europeos para la gestión de la naturaleza en parcelas que no les pertenecían y para las cuales no podían presentar contratos con los propietarios.
La investigación en España comenzó el año pasado después de que un informe de delitos del gobierno regional de Cataluña fuera remitido a la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea es el ministerio público independiente de la Unión Europea y está operativo desde hace poco tiempo. Es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afectan los intereses financieros de la UE.