Debido a desacuerdos en la coalición alemana, la Unión Europea debe posponer la introducción de la responsabilidad en cadena y de medidas cautelares obligatorias para las (medianas) grandes empresas. Los dos ministros liberales del FDP, Lindner (Finanzas) y Buschmann (Justicia), creen que la nueva ley europea sobre diligencia debida se desvía demasiado de la ley alemana existente sobre responsabilidad en cadena.
Según los miembros del FDP, la ley EU prevista va mucho más allá de lo que se considera práctico y razonable y temen que tenga desventajas para la economía alemana. La posición de bloqueo fue recibida con duras críticas por parte de los políticos del SPD y de los Verdes, que también están en desacuerdo con los miembros del FDP sobre la financiación de la deseada transición agrícola.
Como en otros países del EU, dentro de la coalición alemana los ministros se abstienen de votar las decisiones del EU en caso de desacuerdos políticos. Debido a que Italia también se abstuvo de votar en Bruselas en el último minuto, la propuesta no recibió la mayoría requerida de dos tercios.
Debido al bloqueo en Alemania, la aprobación de la ley europea de cadena de suministro se ha detenido temporalmente. Esto plantea la cuestión de si la directiva podrá adoptarse antes de las elecciones europeas de principios de junio. Los Países Bajos (al igual que otros países del EU) ya cuentan con un plan de diligencia debida como parte de la Ley de Responsabilidad Social Empresarial, pero es (¿todavía?) limitado y voluntario.
En Alemania, desde 2023 está en vigor una ley nacional que exige a las grandes empresas garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales en sus propias cadenas de suministro. La ley EU se aplicaría a empresas con 500 empleados o más, incluidas empresas que no tienen su sede en uno de los estados miembros del EU, pero generan una alta rotación en el EU.
Según las 'reglas de gobernanza cuidadosas', las empresas no sólo deben evaluar sus propias acciones en favor de los derechos humanos y las consecuencias para el medio ambiente y el clima, sino también las de sus proveedores (de materias primas) y sus clientes. Las infracciones también pueden dar lugar a multas.
Las empresas más pequeñas, con al menos 250 empleados, tendrían que cumplir la normativa si 20 millones de euros de su facturación se destinan a la industria textil, la agricultura y la producción de alimentos o la extracción y procesamiento de materias primas minerales.
Esto significaría que (por ejemplo) los procesadores de alimentos no sólo tendrían que comprobar si sus proveedores de patatas, cebollas o remolachas azucareras cumplen las normas EU sobre pesticidas, sino también (por ejemplo) si sus compradores pagan el salario mínimo legal.