El grupo de expertos danés fue establecido hace algunos años por el gobierno cuando en la política danesa resurgió el debate sobre tomar acciones más rápidas y efectivas que en la UE contra la contaminación ambiental y el cambio climático. Dentro de la UE, Dinamarca es considerada uno de los motores activos de políticas ambientales y climáticas, incluido el Green Deal dentro de la política agrícola.
La publicación del informe de investigación se ha postergado en varias ocasiones para mantenerlo lo más actualizado posible. El informe abarca las emisiones procedentes del ganado, fertilizantes, silvicultura y suelos agrícolas ricos en carbono, principalmente en terrenos bajos.
Los expertos presentan tres variantes, que van desde un impuesto de unas decenas hasta más de cien euros por tonelada de CO2 equivalente emitida, combinado con primas para modernizar el sector. Estas primas podrían financiarse mediante una reestructuración de las subvenciones agrícolas actuales.
En la variante más ambiciosa, los ingresos fiscales de la sobrecarga por contaminación de CO2 se utilizarían también para la mayor sostenibilidad del sector agrícola danés. En la variante con el impuesto más bajo, el gobierno tendría que destinar muchos más fondos del presupuesto regular para alcanzar los objetivos climáticos. En los tres escenarios queda claro que, sobre todo, la ganadería danesa deberá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, nitrógeno y metano, según advierten.
El grupo de expertos descartó la idea previamente sugerida de imponer un impuesto adicional (“impuesto a la carne”) sobre el precio de los alimentos en el supermercado. Se espera que los modelos puedan reducir las emisiones agrícolas entre 2,4 y 3,2 millones de toneladas.
Los expertos también prevén que cada modelo con reducción de producción implicará un “riesgo relativamente alto de fuga” (es decir, si disminuye la producción danesa de lácteos y carne, pero la demanda interna permanece constante, aumentará la importación desde el extranjero) y, por lo tanto, habrá poco efecto climático positivo.
Las recomendaciones de la comisión Svarer serán ahora discutidas en una nueva comisión, es decir, en las negociaciones políticas de la llamada tripartita verde. En estas participarán políticos, el sector profesional y organizaciones de interés. Esta "consulta agrícola" tiene previsto llegar a un acuerdo antes de junio.