Greenpeace, la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza y Amnistía Internacional afirman que principalmente deben reducirse los gases de efecto invernadero en los sectores agrícola y de transporte. También indican que la tala masiva de bosques representa una amenaza importante para la captura de carbono en los bosques finlandeses.
La industria de la madera y el papel proveniente de los extensos bosques es un pilar importante de la economía finlandesa, pero las nuevas leyes europeas para la conservación de la naturaleza imponen requisitos cada vez más estrictos. Esto también aplica a la industria maderera en otros países ricos en bosques de la UE, como Suecia, Noruega, y la República Checa, Eslovaquia y Rumania.
No es la primera vez que organizaciones finlandesas recurren a acciones legales. En 2022 se presentó una denuncia similar, pero fue desestimada porque en aquel momento la ley climática aún era demasiado reciente para poder evaluarla efectivamente. Desde entonces, sin embargo, la situación ha empeorado. En el informe anual climático de 2023, el propio gobierno finlandés admitió que probablemente no se alcanzarán los objetivos climáticos, lo que fundamenta la actual demanda.
Las organizaciones ambientales basan su caso también en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Suiza, donde se determinó que las medidas inadecuadas contra el cambio climático constituyen una violación de los derechos humanos. Los grupos finlandeses esperan que este fallo siente un precedente para su propio caso.
El gobierno finlandés se defiende afirmando que ya está realizando esfuerzos significativos para alcanzar los objetivos climáticos y que necesita tiempo para implementar nuevas medidas. El ministro de Clima y Medio Ambiente, Kai Mykkänen, reconoció que hay problemas con el almacenamiento de carbono en los bosques, pero enfatizó que aún existen planes para tomar pasos adicionales.
Este proceso legal en Finlandia forma parte de una tendencia más amplia en Europa, donde las organizaciones ambientales recurren cada vez más a acciones legales contra gobiernos que, según ellas, no cumplen adecuadamente con sus políticas climáticas. En Alemania, un grupo de jóvenes ganó un caso histórico contra el gobierno, lo que llevó a leyes climáticas más estrictas.
También en los Países Bajos, en 2019, la justicia obligó al gobierno a hacer más frente al cambio climático tras una demanda presentada por la Fundación Urgenda. Este tipo de acciones legales subrayan la creciente presión sobre los gobiernos para abordar seriamente el cambio climático y cumplir con sus compromisos internacionales.